Eso es lo que arrojan parte de los nuevos datos que ahora está reportando la Suseso en sus informes de evolución de licencias médicas electrónicas. Allí también se enseña que entre los tres principales grupos de diagnóstico por los cuales se emiten licencias, es en trastornos mentales donde existe la mayor brecha, ya que en mujeres (36%) se concentra una mayor proporción que en hombres (28%).
La implementación de la TFU en 2020 eliminó la discriminación por género en el costo de los planes. Esta medida se ha traducido en un aumento en la participación femenina en las aseguradoras. Eso sí, aún persisten brechas en el uso de prestaciones, donde las mujeres las usan casi diez más al año, lo que también implica un mayor gasto.
Esto último es algo nunca antes visto para un trienio, al mirar las cifras desde 1999 en adelante. El asegurador público de salud finalizó el año 2024 con una población beneficiaria de 16.752.189 personas, lo que significa que 8 de cada 10 personas que habitan el país están en Fonasa.
"Hoy todavía existe cierto grado de fragilidad, pero no es lo mismo que teníamos antes de la ley corta. Es una noticia en desarrollo aún. Este va a ser el primer año que tendremos 12 meses, para ver como se comporta el sistema luego de haber aplicado las medidas de la ley corta", detalló Víctor Torres.
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De acuerdo con estimaciones preliminares del ente regulador, esto significa que, en promedio, las personas cotizantes tendrían que pagar un adicional mensual de hasta $3.784 por su contrato. Eso sí, esta alza no ocurrirá hasta septiembre debido a los acuerdos alcanzados tras la ley corta para suavizar las otras subidas de precios convenidas.
Recién ahora, en el balance al cierre de 2024, Bupa reconoció el efecto definitivo de los fallos, esto es, "un pasivo financiero por 187 millones de libras esterlinas (US$240 millones) por los montos adeudados a pagar durante 13 años", señaló el grupo inglés en la entrega de resultados del año. Esto, puntualizó, producto de "acciones gubernamentales, judiciales y regulatorias".
El incremento entrará en vigencia el mes de septiembre y no en junio, como era lo habitual, ya que la medida busca retrasar el impacto de la Adecuación Precio Base para las personas afiliadas.
Esto ocurre luego de que el año pasado salieron casi 157 mil afiliados de las isapres abiertas, hasta totalizar 2.559.157 beneficiarios -la suma de cotizantes y cargas- en diciembre de 2024, según los números que reporta la Superintendencia de Salud en su sitio web. Esto es una baja de 5,8% en doce meses. Además, es el menor nivel de afiliados que reportan las isapres desde noviembre de 2006.
La crisis de las Isapres, la reforma de Fonasa y la persistente problemática de las listas de espera marcarán la agenda.
Esto ocurrió en enero junto con la devolución habitual de excedentes. En el primer mes del año Banmédica desembolsó $4.225 millones correspondientes a devoluciones de la ley corta de isapres, mientras que en el caso de Vida tres el monto por el mismo concepto ascendió a $1.220 millones. Es decir, entre ambas pagaron más de US$5 millones.
El año pasado se emitieron 7.910.503 Licencias Médicas Electrónicas (LME) con pronunciamiento por enfermedad o accidente común, según reporta la Suseso. Las LME de trabajadores afiliados a Fonasa aumentaron 4,1%, mientras que en el caso de trabajadores afiliados a isapres disminuyeron 6,7%. Esto ocurre en un contexto en que la tasa de rechazo de licencias en isapres es mucho mayor.
El nuevo presidente de Clínica Las Condes es un ingeniero civil de la U. de Chile que estuvo 30 años a la cabeza de Banmédica y partió en el mítico departamento de Estudios del grupo Cruzat Larraín. También director de las aseguradoras del grupo Brescia en Perú y socio de una clínica en venta, esta semana inició los cambios en CLC.
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