Durante el primer semestre de 2021, el exuniformado modificó la sociedad conyugal que tenía con su esposa para pactar separación de bienes. En paralelo, contrató a un estudio de abogados para donar todas sus propiedades a sus hijas Carolina y María Constanza (persecutora) entregándole en vida cerca de $400 millones a cada una. El problema es que todas esas acciones las hizo consciente de una indagatoria en su contra por el desvío de gastos reservados cuando ejerció como comandante en Jefe del Ejército. La situación hizo que el CDE oficiara a la jueza Rutherford, quien remitió los hechos al Ministerio Público, organismo que durante esta jornada decidió abrir una investigación criminal.
