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Durante esta semana, ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago se dio inicio a la etapa probatoria en que la abogada solicita se le indemnice por haber sido obligada a dimitir a su cargo de consejera, tras querellas presentadas en su contra y que abrieron investigaciones penales en la época. Estas últimas, todas se encuentran cerradas o sobreseídas. Durante las audiencias se presentaron excompañeros de trabajo de quien fuera ministra de Justicia, y dieron cuenta del ambiente que hubo en el organismo con su arribo y permanencia.

El Consejo de Defensa del Estado descartó ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago las imputaciones que realizó la exministra de Justicia por presuntas presiones indebidas para forzar su renuncia. En el texto de la entidad fiscal señalan que su salida fue "libre y voluntaria" y que, además, "la demanda se construye sobre la dañada autoestima de la demandante". La abogada de la exconsejera replicó: "La contestación del CDE es formal y desconoce la forma en que los hechos realmente ocurrieron. El hostigamiento y la presión existieron y fue causa directa de su renuncia".

Tras ser liberada de las investigaciones que llevaba el Ministerio Público en su contra, la exministra de Justicia determinó inicialmente demandar al Consejo de Defensa del Estado, pero ahora sumó una querella en contra del exparlamentario de la UDI, a quien acusan por haber presentado una denuncia calumniosa. A juicio de su abogada, el otrora diputado desplegó una agenda que implicó una "afectación gravísima al prestigio" de Blanco.

En el libelo la exsecretaria de Estado pide una compensación económica de $ 387.733.776, por lo que denuncia fue una falta de servicio. Asegura que la entidad encabezada hoy por Juan Peribonio, permitió que su expresidenta María Eugenia Manaud desplegara conductas que ella califica como “abusivas” en su contra.

La exministra de Justicia y exsubsecretaria de Carabineros demandó al Consejo de Defensa del Estado -organismo al que, asegura, fue obligada a renunciar cuando formaba parte de él- por presiones indebidas. La ofensiva se da luego de ser liberada de las tres causas penales -dos por no perseverar la fiscalía y la última al ser sobreseída por prescripción- que enfrentó en los últimos años y que sellaron su alejamiento de la vida pública.

En una acción judicial inédita en la historia -nunca un exconsejero había iniciado un juicio contra el Fisco-, la exministra pide ser compensada con $ 380 millones, ya que acusa haber sido forzada a dejar el codiciado puesto en el organismo de defensa estatal. Apunta sus dardos a la expresidenta de la institución María Eugenia Manaud, a quien acusa de tener una animosidad contra ella y desplegar una "conducta abusiva" que determinó su salida que -finalmente- no fue tan "voluntaria". Aquí la historia de esta pugna sin precedentes.

La abogada que representó a la exministra en la causa donde el Ministerio Público sigue indagando la desviación de gastos reservados en Carabineros, se refirió al sobreseimiento definitivo de su representada, el cual quedó firme tras la desestimación, por parte de la Corte Suprema, de los recursos de queja presentados por la fiscalía y el CDE. Ahora, evalúan qué acciones seguirán en búsqueda de reparación.

Tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrieron de queja en contra de la resolución de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago en que sostuvieron que los hechos por los que se indagaba a la exministra, en la causa por desvío de gastos reservados de Carabineros, estaban prescritos. Como advierten en sus respectivos recursos los jueces del tribunal de alzada habrían "excedido" ampliamente sus atribuciones al dar por finalizada la persecución penal en contra de la abogada.

Por 2 votos contra 1, el tribunal de alzada capitalino declaró la prescripción de las conductas que se le atribuyen a la ex subsecretaria de Carabineros, en medio de una investigación en la que estaba formalizada por malversación de caudales públicos. Ahora sólo queda un recurso de queja para impugnar la resolución que impide que se le siga indagando por los sobres con dinero en efectivo que recibía -según algunos policías- y que provenían de fondos de gastos reservados.

La exministra de Justicia, imputada por malversación de caudales públicos, viajará a Guatemala, sin embargo, se le fijó el pago previo de una fianza de $ 8 millones para asegurar su retorno. En la solicitud, su abogada Paula Vial expuso que "su experiencia en la materia y sus aportes serían de gran importancia para nutrir las discusiones”.

En octubre de 2021 fue formalizada. Informes financieros de la PDI sobre depósitos en efectivo y giros a funcionarios policiales fundamentaron la decisión de la Fiscalía Centro Norte. De acuerdo a la indagatoria, entre 2008 y 2010, habría recibido un total de $42.138.000. El Ministerio Público solicitó ampliar el plazo de investigación en cinco meses y tribunal accedió.

Las pesquisas se hicieron de cada año en que la abogada ejerció como subsecretaria, concluyendo que también habría recibido gastos reservados entre 2008 y 2010. En detalle se expone que en total, habría recibido $42.138.000. Son más de 5 mil los movimientos financieros investigados, "siendo de interés criminalístico (en atención las sumas depositadas, fechas y denominación de billetes utilizados), los siguientes movimientos: 8 depósitos, uno de 2006 y el resto en 2007, mediante billetes de $ 20.000 y billetes de $ 10 mil”.

El 5 de octubre, la exministra de Justicia y el retirado general director de Carabineros, quienes mantuvieron una estrecha relación de amistad, estarán sentados en el banquillo de los acusados. Tras cuatro años de investigación el Ministerio Público decidió imputarles autoría en el delito de malversación de gastos reservados. En el expediente hay decenas de testimonios que apuntan a cómo la exsubsecretaria de la policía uniformada recibía mensualmente una especie de "sobresueldo" en sobres sellados. El CDE estima que Javiera Blanco se habría apropiado de cerca de $ 47 millones. Su defensa niega los cargos y asegura que demostrará su inocencia.

La investigadora Patricia Cerda solicitó la audiencia de imputación de cargos, la cual fue fijada para el 5 de octubre. A la exministra de Justicia se le atribuye el desvío de fondos, entre 2007 y 2011, periodo en que fue subsecretaria de Carabineros. Querella del CDE la acusó de malversar más de $ 47 millones.

Organismo se querelló contra una de sus exconsejeras en el marco del fraude en los gastos reservados de Carabineros. La acción judicial señala que cuando Blanco se desempeñó como subsecretaria de Carabineros recibió pagos en sobres.