Los diputados Cristián Araya y Juan Irarrázaval ampliaron querella en medio de la indagación por transferencias a Democracia Viva y arremetieron en contra del titular de Desarrollo Social, como también contra la directora de Presupuestos y el jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, por su presunta injerencia en la fijación de convenios.
El titular de Hacienda salió ayer en defensa de la directora de Presupuestos, quien ha sido criticada principalmente por la derecha debido a su rol en la crisis de los convenios. En el gobierno califican como "injustos" los cuestionamientos a la ingeniera civil.
Esto tras los cuestionamientos que han surgido contra la directora de Presupuestos, por la flexibilización en la entrega de recursos en el erario fiscal de 2023.
"Los casos investigados son previos a que se aprobara el presupuesto”, sostuvo la ministra del Interior sobre la militante RD.
El ministro de Hacienda hizo una fuerte defensa de la titular de la Dipres, en medio de los cuestionamientos por la flexibilización realizada en el Erario Fiscal 2023. Además, el secretario de Estado dio por superada la polémica con el presidente de la CPC, tras las que declaraciones del líder gremial que se entendieron como un llamado a sacar al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
Según el exdirector de Presupuestos, las normas aprobadas en el Presupuesto 2023 implicaron una relajación de los controles de la Dipres respecto de la asignación de recursos hacia los gobierno regionales, aunque apunta que no todo el problema es de regulación, sino que también de la selección del personal que trabaja para el Estado. "Tenemos que avanzar en descentralización, pero no a cualquier costo”, sostuvo.
La Dirección de Presupuestos definió acciones para mejorar el gasto público de cara a la discusión del erario fiscal del próximo año. Un instructivo señala que los niveles de gastos en personal que se postulen deberán "obedecer a las necesidades indispensables de los servicios e instituciones para asegurar el correcto cumplimiento de sus funciones, procurando un buen uso de los recursos fiscales".
Los trabajadores profesionales en el sector público con contrato fijo o indefinido llegaron a un récord de 50,4% de participación en el trimestre enero-marzo de 2023, lo que equivale a 186.437 personas. Desde la Dipres afirman que este aumento -que se viene registrando permanentemente desde que hay registros comparables- permite “atender de mejor manera las necesidades de la ciudadanía, en un contexto además de mayor digitalización”.
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, sostuvo que “se debe mirar el proceso de descentralización como algo que ayudará a ser más eficiente al Estado, menos burocrático y no más riesgosos". Destaca que la rendición de cuentas será primero a nivel local, y luego ante entidades nacionales. En caso de que una región no cumpla con su programación financiera será intervenido a nivel central.
La directora de Presupuestos afirma que el gobierno mantendrá la disciplina fiscal y, por ende, la gradualidad con que se implemente el programa dependerá de los recursos permanentes que se vayan obteniendo. Reconoce que “después de la Pensión Garantizada Universal (PGU), se ha ido disminuyendo el espacio fiscal para ir financiando gastos permanentes”.
En esta etapa del Sistema de Evaluación y Monitoreo se analiza el diseño de los programas públicos que requieren actualizarse mediante una reformulación. El plazo máximo para ingresar programas y tener asegurada la asistencia técnica y el informe de evaluación es el 5 de junio.
Desde el 10 de marzo, los procedimientos de pago del Estado a través de la plataforma de Pago Automatizado (PPA) fue suspendido por parte de la Dirección de Presupuestos por un plazo de 180 días corridos luego que la Contraloría detectara irregularidades. En una primera etapa se capacitará a 40 servicios, los que comenzarán con la habilitación a comienzos del próximo mes. A ellos se sumarán 62 entidades a mediados de mayo.
Esto debido a lo que el Banco Central señaló en su Informe de Política Monetaria (Ipom) de marzo publicado el miércoles donde dijo que “los ingresos del Fisco relacionados con la explotación del litio, tanto por rentas a la propiedad como por impuestos, habrían impulsado el ahorro del gobierno”.
De acuerdo al informe de Recursos Humanos del Sector Público del cuarto trimestre, que publicó la Dirección de Presupuestos, los funcionarios disminuyeron 0,1% en el primer año del gobierno de Boric, lo que se traduce en una disminución de 375 puestos laborales.
En el gobierno analizan la mejor manera de incorporar los ingresos del litio a la regla fiscal y determinar qué es estructural y qué es cíclico. El objetivo es presentarla junto con el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, e incluirla ya para la elaboración del Presupuesto 2024. En 2022, los ingresos fiscales totales por litio alcanzaron los US$ 5.000 millones.
