Durante la gestión de Cathy Barriga, el municipio mantuvo un contrato con Legalcorp para tramitar una demanda civil contra la exalcaldesa y Lavín interpuesta por Patricio Muñoz, un administrador electoral que trabajó con la pareja en 2014. Este los demandó por no pagar sus servicios, que llegaron a un monto de $30 millones. La fiscalía pesquisó el antecedente tras revisar correos y tomar declaraciones a varios exfuncionarios. La defensa de Barriga afirma que la causa se cerró antes de que su representada asumiera en su cargo.
