Tres de los cuatro postulantes al cargo que dejó Jorge Abbott en octubre pasado, y que son parte del Ministerio Público, registran sanciones administrativas: Emiliano Arias, Erika Maira y Eugenio Campos. De acuerdo con los antecedentes que pudo recabar La Tercera PM, las infracciones que cometieron van desde haber vertido declaraciones improcedentes en la prensa, desatender causas por violencia intrafamiliar hasta haber mantenido antecedentes paralelos en medio de una investigación criminal.
El pleno del máximo tribunal determinó que la audiencia pública para escuchar a los 17 candidatos se realizará a contar de las 14.30 horas de ese lunes. Luego de ello definirán la quina entre la cual el Presidente Boric elegirá un nombre para proponérselo al Senado.
De acuerdo con la reglamentación, las inscripciones estarán abiertas hasta las 23.59 horas del viernes 21 de octubre.
El abogado Juan Agustín Meléndez, fiscal regional de Los Ríos, asumió como fiscal nacional suplente.
"Son las estrategias de investigación las que tiene que cambiar. Investigar los delitos uno a uno resulta absolutamente ineficiente. Tenemos que mejorar en ese sentido”, dijo el fiscal nacional al referirse al aumento de homicidios en el país.
"Más que pronunciarse respecto de lo que dijo o no dijo, lo que le corresponde al Ministerio Público es investigar para recabar evidencia que permita tipificar los delitos", afirmó el subsecretario del Interior.
Luego de que se conociera una declaración del líder de la CAM asegurando que la organización sería partícipe en el delito de robo de madera, la titular de Interior había señalado que el Ministerio Público tenía “la libertad de actuar” cuando hay admisión de un ilícito. El fiscal nacional, por su parte, advirtió que no basta con que alguien se auto atribuya una conducta para que la Fiscalía "pueda tomar una decisión de formalización”.
Tras las declaraciones del líder de la CAM, quien afirmó que la prioridad de la agrupación "es canalizar la violencia hacia el sabotaje”, el fiscal nacional reiteró que para iniciar una investigación invocando la Ley de Seguridad del Estado se requiere de la acción del gobierno. La CPC, en tanto, interpeló al Ejecutivo para que reaccione “en forma inmediata”.
Designación responde a solicitud que hizo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.
"La institucionalidad que sea aprobada para el Ministerio Público en el proceso constituyente no puede responder a criterios ideológicos circunstanciales o criterios de ninguna naturaleza que no sean aquellos que provengan de las más absoluta objetividad e imparcialidad”, advirtió el fiscal nacional.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló que "esa investigación tendrá que establecer si, efectivamente, hay un hecho que sea constitutivo de delito respecto de acciones" que pudieron ocurrir en el pasado o recientemente. Desde el gobierno señalaron que "todas las autoridades, al igual que cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país, están y estarán siempre disponibles para colaborar con el Ministerio Público".
El fiscal nacional, Jorge Abbott, dictó una resolución que agrupa las investigaciones por eventuales delitos de lesa humanidad que hasta ahora estaba radicada en la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La máxima autoridad del Ministerio Público ordenó que todo sea indagado por el fiscal regional de la zona Centro Norte, Xavier Armendáriz, y su equipo. El principal motivo, dice, es que la mayor cantidad de causas de violaciones a los DD.HH. ocurrieron en el centro de Santiago, por lo que también permitirá que los fiscales porteños se ocupen de otras causas más importantes que hay en su zona.
La máxima autoridad del Ministerio Público envió un oficio en que hizo un llamado a los convencionales a no aprobar una norma contenida en el primer informe de la comisión de Sistemas de Justicia. El artículo establecía que "todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones judiciales son públicas". De haber sido visado, los pinchazos telefónicos, las órdenes de detención, los agentes encubiertos, entre otros habrían fracasado. En la votación en general, eso sí, se hizo eco a la preocupación de los perseguidores y no podrá volver a ser debatida en el pleno.
En octubre, el fiscal nacional firmó la resolución con la que formalizaba la apertura de una investigación penal de oficio que involucra al Presidente Sebastián Piñera por la compraventa de la minera Dominga a la familia de Carlos Alberto Délano, que fue pactada el 10 de diciembre de 2010 en Islas Vírgenes Británicas. Sobre la acusación constitucional contra el Mandatario, que aprobó este martes la Cámara, el jefe del Ministerio Público aseguró: "lo que haremos en su oportunidad es revisar los antecedentes de la misma para ver si hay algún antecedente que pueda ser útil para la investigación".
El persecutor jefe de la Región de O'Higgins fue absuelto el viernes por el Tribunal Oral en Lo Penal de Rancagua, tras dos años de un caso que amenazó con removerlo del Ministerio Público. Dijo que no recibió el apoyo de nadie de sus compañeros, a quienes acusa de no tener un rol relevante en la institución, y apunta a que nadie es capaz de decirle al fiscal nacional que "está haciendo las cosas mal, y eso no es bueno".
