Jorge Bermúdez confirmó que el 6 de julio el alcalde de Recoleta -al igual que otros 10 funcionarios- fue notificados respecto de la formulación de cargos en su contra, por irregularidades en traspasos de fondos desde el municipio a la Asociación de Farmacias Populares. De acuerdo con lo detallado por el contralor, el monto objetado asciende a $ 600 millones.
La entidad encabezada por Jorge Bermúdez acordó que, durante la próxima semana, retomarán la revisión de documentos. Eso sí, iniciarán la labor con aquellos convenios que involucren a fundaciones con reconocida trayectoria. Se dejará para una etapa posterior lo referente a entidades creadas durante el último tiempo.
El contralor tomó la decisión de paralizar la toma de razón sobre el traspaso de fondos entre entidades gubernamentales y distintas ONG. Se trata de un trámite interno en el cual tres equipos de Contraloría trabajarán en no más de 10 días para determinar si una decena de convenios están o no bien fundamentados. En La Moneda, en tanto, la medida los tomó por sorpresa.
En el marco del caso Democracia Viva el contralor Jorge Bermúdez aseguró que “esta es una situación bastante más amplia que, evidentemente, lo que supone es que hay una manera de actuación que hay que, tal vez, regular de mejor manera”, añadió.
A fines de octubre de 2021, Álvaro Bellolio se comprometió a contribuir con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, otorgándoles 30 mil dólares por un informe respecto del proceso de regularización migratoria que llevó el gobierno anterior. Sin embargo, al notar que el "acuerdo" se selló sin que existiera un convenio de cooperación y sólo tras el envió de una carta, la actual administración pidió el pronunciamiento de la entidad encabezada por Jorge Bermúdez, confirmando que se trató de un hecho ilegal. Por lo mismo, instruyeron un sumario administrativo y descartaron pagar el monto "adeudado".
Los legisladores argumentaron que la situación es “improcedente” pues “el acto de votación respecto a la solicitud que se está desarrollando, es inconstitucional, es ilegal, y antireglamentario”.
Jorge Bermúdez respondió a los cuestionamientos que han surgido desde la oposición, en el marco de la campaña para el plebiscito constitucional, e hizo un llamado a la calma. Además, aseguró que "hacemos lo que podemos con nuestros recursos" y pidió que "no nos exijan que actuemos intempestivamente, no somos políticos, somos funcionarios públicos”.
En organismo envió esta tarde un oficio a la Presidencia, con el objetivo de que informe a la brevedad los temas abordados con la directiva socialista el viernes pasado. Esto, luego de que el diputado Leonardo Soto (PS), asegurara que el objetivo de la cita era una coordinación por el Apruebo.
La autoridad escribió una carta en la que expresa sus “más sentidas excusas por no poder acompañar a la Convención Constitucional en un momento tan importante para nuestro país”. Su ausencia se suma a la de los expresidentes.
Jorge Bermúdez, histórico futbolista xeneize y miembro del Consejo de Fútbol, afirmó este domingo que "sería un sueño" contar con el seleccionado chileno, sin embargo no harán un gasto sideral en pos de su incorporación ni la eventual de Edinson Cavani.
Las últimas intervenciones públicas de las autoridades de gobierno en torno al plebiscito están siendo observadas por el ente contralor, quien se adelantará a la elaboración de un oficio para "rayar la cancha" en torno a lo que pueden hacer, o no, los funcionarios públicos en la discusión sobre el "Apruebo" o "Rechazo". Este se conocerá en las próximas horas.
El ente fiscalizador emitió un dictamen en que obliga a los representantes del organismo vinculado a la defensa de los Derechos Humanos a tomar las medidas necesarias para poner fin a la ocupación ilegal del edificio. "Las autoridades del INDH se encuentran en el imperativo de adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan para restablecer la utilización del referido inmueble", se lee en el documento. Consejeros de la instancia comentan que la única opción para el presidente de la entidad, Sergio Micco, es pedir una orden de desalojo, ya que la vía del diálogo fracasó.
Con el propósito de evitar los fraudes descubiertos en el pasado, ambas instituciones iniciarán un trabajo -que se extenderá al menos por un año- en que se capacitará a la policía uniformada en administración de recursos financieros, rendición de cuentas, acreditación de gastos, auditorías y compras, entre otros. "Somos una Institución que avanza y aprende de las lecciones", admitió el general director Ricardo Yáñez.
El organismo determinó que la Corporación Cultural de Recoleta, dependiente del municipio dirigido por el alcalde comunista, no ha rendido gastos que ascienden a más de $ 2 mil millones en los últimos años y cuestionó la donación que la empresa Itelecom -investigada por corrupción- hizo al festival Womad. En otra indagatoria, se detectaron graves irregularidades en la licitación por cámaras para Carabineros, cuya compra fue visada por la exsubsecretaria de Prevención del Delito. Ambos casos fueron enviados al Ministerio Público para que se indaguen los antecedentes.
La Tercera Sala del máximo tribunal, en un fallo unánime, le dio la razón a la Contraloría al no haber tomado razón del decreto que nombró en 2019 a María Soledad Velásquez como directora del Instituto de Salud Pública. La sentencia marca un punto relevante en relación a los nombramientos que realiza el Sistema de Alta Dirección Pública y la ponderación de los conflictos de interés que debe hacer con los postulantes a cargos públicos.
