Los ministros Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez y Miguel Ángel Fernández estuvieron por acoger el requerimiento en el caso del exfrentista Jorge Mateluna, mientras que Nancy Yáñez, Daniela Marzi, Rodrigo Pica, María Pía Silva y Nelson Pozo, votaron en contra, recalcando la facultad presidencial.
Respecto a la polémica de los indultos, el sondeo revela que un 72% está de acuerdo con revocar el beneficio a Jorge Mateluna. A la vez, un 79% considera que las renuncias de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, han sido insuficientes para dar por terminada la crisis política.
"Desde mi punto de vista, ese decreto, como tiene un defecto legal, puede ser invalidado por el Presidente, por la Contraloría, por el Tribunal Constitucional”, afirmó el exsecretario de Estado.
Si bien desde que se conocieron los beneficios otorgados por el Mandatario se desencadenaron una serie de reproches políticos, con la incorporación de nuevos antecedentes en la oposición advierten que se estaría derechamente ante actos que tendrían características ilegales. En el gobierno, en tanto, defienden la legalidad en la ejecución de los decretos.
Este jueves se dieron a conocer los decretos con los fundamentos empleados por el Ejecutivo para otorgar los beneficios. En el caso del exfrentista Jorge Mateluna se entregaron una serie de antecedentes educacionales y psicológicos para justificar la medida. Además, los documentos dan cuenta que los decretos de Luis Castillo y Sebastián Montenegro se firmaron el mismo día que se comunicó la decisión, es decir, el viernes 30 de diciembre, mientras que los restantes fueron emitidos un día antes, el 29.
Fue en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en que ambos coincidieron por primera vez, en 2009: el abogado como destacado docente de la institución -y aspirante a decano- y el hoy Mandatario, como activo dirigente estudiantil. Catorce años después, el caso Mateluna volvió a ponerlos de la misma vereda.
El silencio del fiscal nacional (s) ante los argumentos esgrimidos por el Presidente para otorgar el beneficio al exfrentista fueron comentario obligado en el Ministerio Público, pues se da en medio de la carrera por definir quién será el escogido del Mandatario para liderar al ente persecutor, donde Juan Agustín Meléndez es una de las alternativas que corre con ventaja. El hoy investigador jefe de la institución recomendó, sin éxito, no hacer ningún tipo de declaración al fiscal regional, José Luis Pérez Calaf.
"Recibimos con total acuerdo y normalidad la declaración de la Corte Suprema, porque efectivamente lo que ahí se señala es algo compartido por nuestro gobierno", aseguró la vocera del Ejecutivo.
"Antes de asumir la defensa de Jorge y todos los profesores que asumimos la defensa de Jorge quedamos convencidos de que no había pruebas acerca de su culpabilidad, pero estamos en una fecha distinta, en una fecha en que los tribunales chilenos fallaron", afirmó el jurista.
En la resolución firmada por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se hace referencia a que los informes del exfrentista muestran que “mantiene todos sus informes psicosociales positivos, no teniendo inconvenientes que limiten su capacidad para reinsertarse en Ia sociedad”. Desde la oposición no descartan pedir su revisión ante el Tribunal Constitucional. Pese a los reparos jurídicos que hace Chile Vamos, desde el gobierno aseguran que el documento no tiene problemas de legalidad.
El exfrentista fue sentenciado a 16 años de cárcel por el asalto a un banco en Pudahuel, en 2013. La causa la asumió la Fiscalía Occidente y la defensa del acusado la tomó la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, quienes advirtieron sobre una serie de errores en la causa e imputación de cargos. Fue en 2018 que el máximo tribunal descartó irregularidades y rechazó absolver al hoy indultado presidencial.
El pleno del máximo tribunal se reunió por dos horas para conversar sobre las declaraciones del Mandatario en que cuestionó "la valoración de pruebas" en el caso del exfrentista. Los ministros acordaron que debían manifestar públicamente su inconformidad ante lo que calificaron de "intromisión", donde tomaron en cuenta que no se puede juzgar a otro poder del Estado. En el Ministerio Público también hubo incomodidad.
El organismo persecutor emitió una declaración que señala que la investigación demostró su participación en los delitos imputados y ello fue refrendado en todas las instancias judiciales.
El máximo tribunal señaló que "se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República".
