El Segundo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago desestimó la acusación de la Fiscalía Centro Norte, que también imputaba detención ilegal y obstrucción a la justicia.
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Este martes, el expresidente de RN Mario Desbordes concretó la presentación de una querella en contra de los consejeros del INDH, a quienes acusa de haber actuado fuera de la ley al decidir querellarse por supuesto tráfico de influencias. "La acción del INDH no es contra mí, pero me menciona 30 veces", exclamó el otrora ministro de Defensa, que aseguró no haber cometido delito alguno. Anunció acciones contra la Fiscalía.
Sujetos cobraban cifras abultadas a pasajeros que eran trasladados hasta hoteles de las zonas centro y oriente. Tres quedaron en prisión preventiva.
"No basta con cambiar el sistema de nombramiento", afirmó el ministro de Justicia, a propósito del debate por el supuesto tráfico de influencias para nominación de jueces.
"Aquí ha habido un exceso de buena fe y de tratar de ayudar a una persona amiga, no en una influencia ilegítima, sino tratar de dar una información que pidió”, aseguró.
Jenny Book recorrió la zona de Pacollo para luego asistir al Cesfam de Putre.
INDH presentó acción similar la semana pasada.
Entre los acusados figura María Ancalaf Llaupe, líder de la comunidad mapuche Choin Lafkenche.
Corte Suprema acogió una recusación presentada por el INDH contra la magistrada María Teresa Letelier. Audiencia quedó programada ahora para el lunes 24 de junio.
La Fiscalía Metropolitana Oriente pide 12 años de cárcel para los dos imputados por el homicidio frustrado, una compañera de labores de la funcionaria de la salud atacada y un hombre que era la pareja de esta colega. Ambos se habrían concertado para darle muerte por un conflicto laboral.
Según informó la PDI, preliminarmente, el imputado correspondería a un funcionario del Ejército en retiro.
Imputada habría participado con otros sujetos en el crimen de un sujeto colombiano.
Por el delito fueron procesadas nueve personas, de las cuales se acreditó que cinco tuvieron participación como autores y recibieron penas que parten en los 18 años, mientras que otros cuatro fueron condenados por encubridores.
Tribunal de alzada estimó que la acción constitucional de amparo no es la vía idónea para impugnar la resolución administrativa adoptada por la institución penitenciaria.
La jefa del Departamento de Participación Ciudadana del SEA, Jimena Hevia, demandó al organismo por $107 millones ante el 2º Juzgado Laboral de Santiago, alegando maltrato sistemático y un ambiente laboral tóxico bajo la dirección de Juan Cristóbal Moscoso. Hevia, en el SEA desde mayo de 2023, denunció amenazas y comportamientos abusivos que afectaron su salud mental, llevándola a una licencia médica permanente. Este caso agrava la crisis laboral en el SEA, ya afectado por denuncias anteriores contra Moscoso.
