La acción anunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago contra el magistrado se da en el marco de una polémica luego de que entregara beneficios de videollamadas a reos de alta peligrosidad.
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Los reclusos en cuestión se encuentran en la Cárcel de Alta Seguridad. Allí, explicó el titular de Justicia y Derechos Humanos, están detenidos "esencialmente líderes de bandas de crimen organizado transnacional".
Carlos Quezada aseguró que no tiene patrocinio o poder vigente en ninguna de las causas activas de Rafael Marín Vielma, reo beneficiado con visita íntima tras una orden del juez.
"Efectivamente había un abogado que habría prestado servicios al juez Urrutia, defendiéndolo en algunas causas y que, paralelamente a eso, el año 2020 también habría defendido a una de las personas privadas de libertad en el centro de alta seguridad que fue beneficiada con una de las decisiones que tomó el juez Urrutia”, indicó el subsecretario del Interior.
Se trataría de Carlos Quezada, el defensor del colombiano Rafael Marín. Este último fue condenado a 15 años de prisión por tráfico de drogas y, además, fue a quien el magistrado le concedió una “visita íntima” con su pareja. Quezada no solo es un antiguo conocido de Daniel Urrutia, sino que también es su abogado personal.
El 15 de julio, las constituyentes María Rivera y Manuela Arroyo presentaron un recurso de amparo vía telefónica ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acusando que 11 personas -entre ellos algunos de sus pares en la Convención Constitucional- fueron arrestadas de forma ilegal. El magistrado Daniel Urrutia resolvió a favor de su requerimiento. Y lo redactó de una forma distinta a la habitual, reemplazando la "o" en distintas palabras por la "x". Para la mayoría de los abogados consultados, la utilización del lenguaje de Urrutia en este caso no es inclusivo, sino un intento de llamar la atención de una agenda política y lo ven como un error. Otros, en cambio, piensan que satisface la función y que es una idea integradora.
