El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza a Chile de la muerte de diez menores de edad, quienes fallecieron en un incendio que se desarrolló en 2007, en un recinto de reclusión juvenil de Puerto Montt.
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Una página que publicaba fotos suyas creadas con IA, amenazas de desconocidos y sus datos personales. Todo eso encontró la australiana Hannah Grundy después de abrir un correo electrónico. Luego de una exhaustiva investigación, la mujer descubrió que el responsable era su querido amigo y excompañero de trabajo, Andrew Hayler.
En la indagación que cambió de suicidio a homicidio, los querellantes en este caso pedirán una serie de diligencias para identificar a los responsables, pero también para despejar eventuales irregularidades en el proceso investigativo. Pericias en el extranjero, entre las pesquisas que se evalúan.
De acuerdo con los registros, a dos años de la aprobación de la ley que creó la herramienta, el 96% de las personas que aparecen en los listados son hombres.
La causa está en un sistema que abre espacio a la sospecha por la existencia de situaciones donde se han producido intromisiones indebidas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio un plazo de tres meses al Estado de Chile para responder a la demanda del juez, quien acusó vulneraciones tras ser amonestado por la Corte de Santiago. En paralelo, también se querelló en contra de los ministros de dicha instancia Verónica Sabaj y Antonio Ulloa, acusándolos de delitos de prevaricación.
Ciudadanos de diferentes países del mundo se volcaron al sitio Change.org, para pedir que la mujer de nacionalidad francesa, que sufrió años de abuso y maltratos por parte de su esposo, reciba el galardón por su lucha constante en busca de justicia.
“Hoy el fiscal general James McHenry ha despedido a varios cargos del Departamento de Justicia que desempeñaron un papel importante en el encausamiento del presidente Trump”, indicó un portavoz del organismo. El exfiscal Joyce Vance calificó los despidos de “sencillamente inaceptables”. “Va contra el estado de derecho. Va contra la democracia”, argumentó.
“La palabra no es decepcionados. No estamos de acuerdo con lo que se resolvió", indicaron tras las extensas jornadas de formalización de la semana pasada.
La medida se adoptó a la espera del resultado del recurso de protección con el que el municipio espera frenar definitivamente la construcción. La consulta se concretaría la primera semana de marzo y abordaría un universo de entre 30 y 40 mil personas.
Un tribunal de la ciudad de Tarija declaró al líder indígena de 65 años en “rebeldía” por su inasistencia, y además dictó otras medidas en su contra como arraigo nacional, anotación preventiva de bienes y la congelación de sus cuentas.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) estimó que Enjoy no pudo acreditar su denuncia de delitos de competencia desleal y difamación contra Sun Dreams.
El juez de la Corte Suprema de ese país, Alexandre de Moraes, fundamentó su dictamen en que aún existe “posibilidad de intento de fuga” por parte del exmandatario.
