Además el Séptimo Juzgado de Garantía además determinó un plazo de investigación de 180 días.
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La acusación había sido presentada por la diputada Marcela Hernando, quien denunciaba que Bravo habría ofrecido beneficios inmobiliarios a cambio de que dirigentes de comités de viviendas militaran en su partido en formación.
Esto luego de que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible la acción judicial en contra el mandatario y de todos quienes resulten responsables, por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos a partir del Estado de Emergencia decretado el 19 de octubre.
La Fiscalía Centro Norte le imputará cargos por apremios ilegítimos al funcionario de la 4° Comisaría, a quien se le acusa de disparar contra una menor perteneciente al establecimiento.
Ambos hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre. En uno una docena de personal uniformado agredió a una persona de 55 años en Plaza Ñuñoa y en el otro dos carabineros golpearon a un menor de 16 años.
Lamberto Cisternas, eso sí, advirtió que "si se la piensa con una gran lista de derechos, se puede topar con el problema de cómo hacemos efectivos los derechos".
La misión, de acuerdo al portavoz Rupert Colville, no se trata de un equipo de investigación de posibles violaciones de derechos humanos, sino más bien de tipo "técnico".
Después de tres años de investigación, el Ministerio Público identificó a Víctor Pulgar Vidal como posible responsable. El imputado ya cumple condena por otra violación a menor de edad.
La instancia comenzó a reunirse tres días después que el alcaide de Punta Peuco, Cristian Albornoz, fuera suspendido de sus funciones por un presunto incumplimiento de la Ley de Libertad Condicional.
La acción, suma un segundo revés para la firma inmobiliaria, luego de que en junio de este año, la Corte Suprema, determinara la paralización de obras, solicitada también por la agrupación "Duna Viva" y la "Fundación Yarur Bascuñán".
Si bien el Ejecutivo ha indicado que podrían impulsar una reforma constitucional si no hay entendimiento, la principal apuesta es que ambas entidades puedan resolver sus diferencias.
El secretario de Estado no precisó plazos para la presentación del proyecto y afirmó que tiene como fin "generar muros infranqueables que impiden las tensiones y que impiden que dos organismos estén tratando las mismas materias".
Con este nuevo cuerpo legal, las personas condenadas por simples delitos podrán trabajar en el sector público en cargos profesionales y técnicos, tanto a nivel central como municipal.
Presidente indicó que si la disputa entre las instancias no llega a una solución, podría incluso impulsar una reforma constitucional. Este jueves, los supremos Muñoz y Vivanco emitieron un comunicado justificando su resolución.
El fallo de la Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó de manera unánime la sentencia aplicada por el ministro en visita Mario Carroza.
