Anteriormente, el ministro de Justicia señaló que las declaraciones de la jefa comunal eran "irresponsables" y " osadas".
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Sobre el exjefe militar boliviano Juan José Zúñiga junto a Juan Arnez, de la Armada y Edison Irahola, de la Brigada Mecanizada del Ejército pesa la acusación de los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.
Se trata de la segunda mayor indemnización de este tipo decretada por la justicia y que tendrá que pagar el Servicio de Salud Metropolitano Central, el hospital y dos funcionarios, luego de que el médico Matías Ignacio Solari Díaz mantuviera a una mujer en trabajo de parto por más de 12 horas, tiempo que provocó la asfixia de la recién nacida, quien estará postrada toda su vida debido a las complicaciones que generó el actuar del equipo médico.
César Pizarro Pizarro fue formalizado durante la jornada de este miércoles como presunto autor de las amenazas que afectaron en enero pasado al titular de Justicia, al director nacional de Gendarmería y a la exalcaide del la Cárcel de Alta Seguridad. Quedó con prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional, pero aunque hoy hace noticia por estos hechos, lleva bastante tiempo llamando la atención de funcionarios penitenciarios.
El Pleno del máximo tribunal tomó la decisión en torno a los cuestionamientos que han surgido ante un presunto tráfico de influencias en las nominaciones de jueces.
Hasta el momento, según comunicó el OS9 de Carabineros, al sujeto no lo han podido vincular a alguna banda u organización criminal.
La decisión del Tribunal Supremo de ese país -que ha contado con el aval de ocho de los once jueces- no supone que la Corte legalice o autorice el consumo de marihuana, sino que su posesión pasa de delito penal a falta administrativa.
En medio del debate por presunto tráfico de influencias en la designación de jueces, un grupo de abogados entregó una completa propuesta al Ejecutivo. Sugieren que una comisión especialmente elegida para ello seleccione a los candidatos tras llamar a concurso público y que luego el Presidente seleccione a uno de una lista ordenada jerárquicamente.
Esta jornada la Segunda Sala del máximo tribunal escuchó los alegatos de los distintos intervinientes. Mientras el Ministerio Público, abogados querellantes y el INDH insistieron en que el caso se mantenga en la justicia civil, el fiscal general militar y el abogado de uno de los imputados pidió que siga conociendo de los hechos la Fiscalía Militar. La resolución se conocería en los próximos días.
El pasado viernes 7 de junio, Álex Andrés Araya Castillo fue encontrado sin signos vitales al interior de un departamento que arrendó en medio de sus vacaciones en Medellín. Desde ahí, su hermano Eduardo ha desplegado una serie de acciones para saber lo que realmente ocurrió. Identificó, de hecho, a dos mujeres como presuntas sospechosas.
El abogado de Schafik Nazal, exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), quien se encuentra en prisión preventiva por la causa de la "Operación Topógrafo", pide que se discuta la remoción del INDH como querellante en la nueva arista o bien la representación, como defensa de una de las víctimas, del consejero Francisco Ugás.
Recientemente Gendarmería informó a los reclusos que máximo 10 personas podrían registrarse para visitarlos. Medida que a juicio de 119 reclusos corresponde a una vulneración a sus derechos humanos, toda vez que los hace elegir entre quiénes pueden visitarlos, aseguran, mientras se encuentran privados de libertad con una avanzada edad y pese a múltiples enfermedades.
El jurado determinó que el hijo del presidente demócrata Joe Biden es culpable por los tres delitos graves de los que fue acusado por la compra de un arma en 2018. El juicio convirtió a Hunter en el primer hijo de un mandatario estadounidense en ejercicio en ser condenado y resaltó los detalles de su adicción al crack, el comportamiento imprudente y los gastos ruinosos del abogado.
El juez Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al acoger en parte la solicitud de Fiscalía, que solicitó prolongar la medida cautelar a 18 meses contra el exmandatario, quien enfrenta un pedido de una pena de 34 años de prisión por el presunto delito de rebelión.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos es tajante en sostener que la política debe ser “extremadamente cuidadosa” en no transformar al Poder Judicial y al Ministerio Público en actores políticos. La independencia y autonomía de los jueces, dice, es un activo que todos deben proteger. “Si no queremos que los jueces se involucren en política, no se puede descalificar, directa o indirectamente, el rol de los jueces”, comenta el secretario de Estado.
