El juzgado de garantía de Collipulli decretó las cautelares para seis adultos y un menor que protagonizaron una serie de delitos entre Chillán y Padre Las Casas, en La Araucanía. Fueron detenidos el miércoles tras una extensa persecución policial.
A fines de 2021 el nuevo juez de policía local de la comuna denunció la existencia de un esquema de corrupción en el que funcionarios municipales habrían falseado centenares de notificaciones e inventado expedientes para cobrar millones de pesos y así conseguir la prenda de los vehículos de deudores en todo Santiago. Hoy, el alcalde Felipe Delpin (DC) es acusado de no denunciar y ocultar los hechos, mientras que el edil y los funcionarios involucrados acusan que han sido maltratados por el juez que denunció los eventuales delitos.
El Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda por infracción a la ley de protección de los derechos de los consumidores y aplicó una multa de 45 UTM, equivalente a $2.173.725.
Asimismo el juzgado ofició a la Inspección Provincial del Trabajo de Calama para que informe la efectividad de haberse celebrado entre la División Chuquicamta y los Sindicatos N° 5 y Minero, convenios colectivos.
Ayer el Séptimo Juzgado de Garantía decidió que no era competente y devolvió causa al 34 Juzgado civil de Santiago, el cual ya se había declarado también incompetente.
Además el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la suspensión condicional del procedimiento de Claudio y Maurizio Reginato, ejecutivos del laboratorio Biosano.
El Séptimo Juzgado de Garantía ordenó arraigo nacional y firma mensual para el uniformado, que deberá concretarse en la fiscalía de Las Condes. Con las mismas medidas cautelares quedó el ex general Jorge Serrano.
El 1° juzgado civil de Concepción designó como veedor titular del proceso a Patricio Jamarne.
Se argumenta que no es posible desechar "de plano la comisión de algún delito. Necesariamente habrá de estarse a las conclusiones que arroje la investigación que ahora se inicia".
La minera señaló que las acciones de bloqueo en el acceso principal a las instalaciones de la compañía persisten.
En la investigación que indaga aportes gestionados por el senador DC en favor del ahora diputado Iván Fuentes, la querellante intentó trasladar la indagatoria por presunto cohecho al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
La resolución se tomó debido a la querella interpuesta por el Sindicato de Pescadores Artesanales de Coronel. La nueva audiencia se fijó para el 22 de diciembre en el mismo tribunal.
La acción criminal se presentó en contra de Mauricio Peña y de todas las demás personas responsables que determine la investigación.
