Según confirmó el titular de Justicia, la decisión adoptada por el juez Héctor Barraza constituye un "hecho grave" y será el máximo tribunal el que determine las posibles sanciones en contra del magistrado. En paralelo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció el inicio de una investigación penal contra quien resulte responsable.
La iniciativa se presenta a propósito del conflicto entre la Fiscalía de Arica y el juzgado de garantía de la región, luego de que este último ordenara revelar la identidad de testigos a las defensas de imputados que serían miembros del clan Los Gallegos, célula del Tren de Aragua en esa ciudad. Finalmente, la Corte de Apelaciones impugnó la decisión de primera instancia.
