El exconcejal presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el que no sólo pide que se paralice el juicio en su contra, sino que la Intendencia de Valparaíso deje de actuar como querellante, ya que es una entidad que -a su juicio- dejó de existir jurídicamente. El Ministerio Público solicita 26 años de cárcel para el empresario, mientras que la defensa pide la recalificación del delito de robo.
9 ago 2021 07:00 AM