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El otrora precandidato presidencial por la Lista del Pueblo está formalizado y estuvo más de un año en prisión preventiva por lavado de activos, aunque no deja de insistir en que no cometió delito alguno. Esta semana salió de la cárcel, tras el pago de una cuantiosa fianza, y "disparó a mansalva" acusando un montaje similar al de "Operación Huracán". En entrevista con La Tercera, adelanta que está evaluando acciones judiciales para que el Estado responda por lo que denomina como una "prisión injusta".

Se trata del segundo informe que emite el ente contralor respecto de los acuerdos suscritos por el Gobierno Regional con entidades privadas. Esta vez se analizaron los convenios con las fundaciones Kimün, Participa, y El Canelo, que suman más de 3.100 millones de pesos, en los que se detectaron gastos insuficientemente acreditados y rendiciones fuera de plazo. Los datos fueron remitidos al Ministerio Público y al CDE.

El legislador PS expuso ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados como querellante en el caso.

Los arrestos de Viviana Godoy y Gloria González, realizados por personal de la PDI, corresponden a los primeros respecto de funcionarios públicos del Gobierno Regional de Los Lagos, en el marco de las indagatorias por desvíos de dineros que está investigando el ente persecutor.

El Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia ultima los detalles de la resolución con que se pedirá al CDE la disolución de al menos ocho fundaciones. Esto, dado que constataron que, al igual que Democracia Viva, incurrieron en graves faltas a los estatutos.

De acuerdo con lo expuesto por el penalista, la primera tarea será modificar la prisión preventiva a la que quedó sujeto su cliente. Esto, como dijo, porque "a la luz de los antecedentes que conocemos del caso es injusta y desproporcionada”.

La acción legal va dirigida contra el excandidato presidencial Diego Ancalao, el representante legal de Kimün, Jaime Huincahue, y contra quienes resulten responsables en los eventuales delitos que se acrediten durante la investigación que desarrolla el Ministerio Público en Puerto Montt.

Los estudiantes y el cuerpo académico de ambos establecimientos están viviendo un tortuoso proceso de incertidumbre, con la Superintendencia de Educación Superior analizando la posibilidad de asignar un administrador externo.

En concreto, la instancia encabezada por María Inés Horvitz se pronunciará sobre la interposición de cinco querellas. Esto, luego de que el pasado 11 de julio un equipo especializado del organismo comenzara a levantar antecedentes respecto de indagaciones iniciadas en nueve regiones del país. El análisis realizado, como dijo el presidente del CDE, Raúl Letelier, responde a inquietudes planteadas por la ciudadanía.

El excandidato a diputado, a senador y frustrado aspirante a La Moneda fue formalizado por fraude al Fisco y lavado de activos, y quedó en prisión preventiva por su presunta participación en desvíos irregulares de dineros desde la Fundación Kimün. Si bien insiste en su inocencia, no es el único caso por el cual está en la mira del Ministerio Público, pues también es indagado por la presentación de más de 23 mil firmas falsas ante el Servel.

La autoridad regional manifestó que Ancalao “había señalado todo un conjunto de cosas que parece que claramente no eran verdad”.

El profesor y presidente de Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena descartó todo nexo con la corporación que está siendo investigada por la Fiscalía de Los Lagos debido a la transferencia de 1.200 millones de pesos para la realización de un programa de regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona.

La acción judicial por los delitos malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y tráfico de influencias alcanza a las fundaciones Participa y Kimun, y es respaldada por el grupo de abogados que designó la UDI para investigar los casos relacionados con líos de platas.

La organización es investigada tras recibir $ 1.200 millones para ejecutar un programa de saneamiento de la tenencia irregular de terrenos en la región. El Gore puso término anticipado al convenio y la Fiscalía ya allanó sus oficinas, entre otras diligencias. No obstante, desde Kimün señalan no tener plata para hacer la devolución de los recursos, pues parte de ellos habrían sido traspasados a dos establecimientos de educación superior. Esta es la trama.