La presentación de una querella por tráfico de influencias del INDH, más la apertura de una investigación penal de oficio por violación de secretos, tiene en una posición incómoda a los ministros del máximo tribunal del país. La situación los pone en el centro de una causa penal que desnuda las tratativas para sus nombramientos en el único poder del Estado que no está sometido a votación popular. Justamente, para resguardar su independencia.
El caso que comenzó con un convenio entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, 12 meses después suma más de 60 fundaciones investigadas en todas las regiones del país, sin excepción. La indagatoria, que es descrita como una de las más complejas para el Ministerio Público, tiene en la mira casi $ 90 mil millones en transferencias entre organismos públicos a ONG.
El ejecutivo de ventas de una empresa proveedora de la Achifarp, César Ramírez, fue el primero en denunciar por cohecho al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en agosto de 2021. La acción derivó en tres años de investigación y la formalización de la autoridad comunal.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos es tajante en sostener que la política debe ser “extremadamente cuidadosa” en no transformar al Poder Judicial y al Ministerio Público en actores políticos. La independencia y autonomía de los jueces, dice, es un activo que todos deben proteger. “Si no queremos que los jueces se involucren en política, no se puede descalificar, directa o indirectamente, el rol de los jueces”, comenta el secretario de Estado.
La policía logró el arresto de un voluntario de Bomberos y de un funcionario de Conaf por su eventual participación en el siniestro que afectó a cuatro comunas de la región y dejó un saldo de 135 fallecidos.
Desde ayer ya no es más el fiscal regional de O’Higgins. Este viernes fue su último día como persecutor, tras 23 años en el organismo. Arias responsabiliza al exfiscal nacional Jorge Abbott de “quitarle” tres años de su carrera; pide mayor celeridad en las investigaciones, pero confía en la nueva administración.
Un análisis del Ministerio Público detalla que por cada 100 mil habitantes debería haber ocho persecutores. Sin embargo, nuestro país cuenta con solo 3,7, muy por debajo de los que hay en la nación cafetera, que posee 9,1 y que tiene un sistema penal muy parecido a Chile.
El abogado del excomandante en jefe del Ejército reacciona a la resolución de la Corte Suprema.
Ocho de los nueve imputados por una violación grupal seguirán presos. Mientras, la Fiscalía avanza en una indagatoria que logró sortear una serie de complejidades como el desistimiento inicial de la denuncia de la víctima.
Tras el boom de casos de irregularidades en comunas, la máxima autoridad del Consejo para la Transparencia apunta directamente a los alcaldes, por haber convertido a las corporaciones municipales en “tierra de nadie”, lo que ha dado lugar a un aumento significativo de hechos constitutivos de delitos en todo el país.
Hasta la medianoche del viernes, el jefe policial estaba prácticamente fuera de la institución. Sin embargo, el homicidio de tres carabineros en Cañete cambió el escenario. Primero, La Moneda determinó mantenerlo en su cargo y luego la Fiscalía accedió a cambiar la fecha de su formalización tras una reunión clave entre el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el fiscal Xavier Armendáriz.
La parlamentaria declaró el pasado 19 de abril e insistió en que nunca estuvo al tanto de irregularidades de platas.
Luego de suceder a Fernando Araos, a la autoridad del Minsal le toca encabezar por primera vez el plan para hacerle frente al periodo invernal. El médico tiene a cuestas la presión de una estrategia que en 2023 fue duramente criticada. A su favor, eso sí, cuenta con que por primera vez se llegará a julio con un remedio contra el virus sincicial.
