El conglomerado ha estado luchando para recuperarse de las consecuencias de la investigación de corrupción Lava Jato en Brasil.
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El presidente de Brasil declaró su explícito apoyo a Sergio Moro en un desayuno con periodistas -pese a que ya había dejado claro su respaldo al pedirle que lo acompañara a dos eventos- fue la primera vez que se manifestó públicamente sobre el asunto desde la publicación de las conversaciones que ponen en duda la imparcialidad del exjuez federal.
Tres artículos realizados por The Intercept Brasil, en base a una serie de archivos y documentos -recibidos de una fuente anónima- cuestionan la objetividad de los principales protagonistas de la causa que llevó a Lula a la cárcel. El exjuez Moro, actual ministro de Justicia, habría influido en el fiscal del caso.
Acusan a expresidente de Brasil de nuevos cargos de corrupción, lavado de dinero y malversación, uno de los cuales referente al proceso por el que el expresidente estuvo encarcelado cuatro días la semana pasada.
El jueves el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que crímenes como el de lavado de dinero deben ser juzgados por cortes electorales, si están asociados al financiamiernto ilegal de campañas.
La colaboración de la empresa brasileña en la investigación del caso Lava Jato sería postergado hasta por lo menos fin de mes.
Con ello, Rafael Vela y José Domingo Pérez retomarán sus labores como investigadores de la causa de corrupción.
En la antesala del Año Nuevo, este abogado que cumplió importantes funciones en la era fujimorista, removió a los dos fiscales anticorrupción que llevaban adelante las investigaciones contra Keiko Fujimori y Alan García, entre otros. Esta medida ha provocado indignación entre los peruanos, que se han volcado a las calles y a las redes sociales en señal de protesta.
Ministerio Público hizo un requerimiento internacional a Perú para determinar nexos con eventual financiamiento ilegal a campañas políticas.
La fiscalía general acusaba a la senadora Gleisi Hoffmann y a su esposo, el exministro Paulo Bernardo, de haber recibido un millón de reales en 2010 procedentes de recursos desviados de contratos de Petrobras para financiar la campaña de la dirigente al Senado.
La orden fue dictada poco después de que un tribunal de segunda instancia confirmara la condena a 30 años de prisión que Moro dictó contra Dirceu por corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir.
El exsenador estima que hay un buen recuerdo del gobierno petista, pero reconoce que la figura de Lula genera división.
