La fiscal Ximena Chong explicó que la forma de operar de los sujetos supone la utilización de los privilegios informáticos que mantenían, ya que eran parte de la administración del mismo banco, ocasionando un perjuicio de 6.100 millones de pesos.
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El exmandatario fue declarado culpable en los delitos de colusión y lavado de activos para favorecer con contratos a la empresa Odebrecht por la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur que une a Perú con Brasil.
El chef Christian Portugal es acusado por el Servicio de Impuestos Internos de delitos tributarios que ocasionaron perjuicios fiscales por $80 millones. El abogado de Portugal es el penalista Miguel Schürmann. Las imputaciones corresponderían al período en que el empresario operó el restaurante El Torito, en Bellavista. En 2021 abrió otro local con el mismo nombre, pero a través de otra sociedad y con un socio, en Vitacura.
La Fiscalía de O’Higgins apuntó que la ex autoridad comunal habría defraudado unos $2.300 millones.
La Unidad de Análisis Financiero respondió 139 consultas del Ministerio Público sobre 1.440 personas indagadas. Además, aumentaron un 33% los Reportes de Operaciones Sospechosas que recibió la entidad.
De acuerdo a cifras de la PDI, hasta junio se habían incautado $3.732.894.429, recursos que provienen de un origen ilícito a partir de otros delitos. Según las estadísticas de la policía civil, la mayor parte de ese dinero corresponde a bienes inmuebles y activos congelados.
La ministra del Interior participó del lanzamiento de la brigada que investigará el lavado de activos. Ahí, explicó que esta medida busca cumplir con uno de los ejes de la política nacional contra el crimen organizado, el cual consiste en "desbaratar la economía y el patrimonio".
Además de avanzar en una propuesta de gobierno corporativo para la institución policial, el director general de la institución, Eduardo Cerna, ya instruyó una serie de modificaciones al interior del organismo: dispuso la creación de una unidad de lavado de activos en cada región y ordenó que la Brigada Anticorrupción pase a depender de la Subdirección de Crimen Organizado.
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, reconoce que hay indicios de mayores niveles de corrupción en el país y sostiene que el año pasado hubo un récord de más de 12 mil operaciones sospechosas reportadas a la UAF desde distintas instituciones. Pavez destaca también los alcances del nuevo plan de acción del gobierno para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el que incluye la obligación de las municipalidades de registrarse ante la UAF y dar cuenta de operaciones de carácter sospechoso.
Las tres mujeres son acusadas de los delitos consumados de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos, ilícitos cometidos en diversas ciudades del país, entre 2014 y 2020.
La Fiscalía de ese país ha pedido 30 años de prisión para la líder del partido Fuerza Popular y excandidata presidencial por ocultar aportes para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
El fiscal José Domingo Pérez sindicó a la excandidata presidencial de haber captado, transferido y ocultado cuantiosos fondos para el financiamiento de la campaña contra las supuestas irregularidades cometidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales para alterar la voluntad popular y favorecer al destituido gobernante izquierdista.
El juez a cargo ordenó que los imputados no podrán salir del país ni tampoco de la ciudad de Barranquilla, lugar donde fueron detenidos.
"Es necesario generar los incentivos correctos para que la detección de la corrupción se haga de manera seria, sigilosa, a tiempo y en confianza. De lo contrario, será cada vez más difícil asegurar el compromiso de quienes pueden aportar a identificar y detener serios riesgos para la fe pública"
