Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2021 y generaron un perjuicio de 750 millones de pesos al Departamento de Salud de la referida entidad. Otros 13 imputados quedaron con arresto domiciliario.
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La PDI ejecutó nueve órdenes de entrada y registro en distintos domicilios de la RM en esta investigación por ley de drogas, ley de armas y que se sumó el delito de lavado de activos.
La indagatoria surgió a raíz de los antecedentes levantados por la ministra Romy Rutherford, quien dictó procesamiento contra el otrora comandante en jefe del Ejército por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar. Se asegura que el militar realizó una serie de maniobras con miras a ocultar el origen ilícito de parte de su patrimonio. Con todo, el Ministerio Público decidió sólo imputarlo a él y no a sus hijas, que participaron de actos de ocultamiento, según se detalla en el alzamiento de secreto bancario de la familia.
La Fiscal Lorena Parra, explicó que la solicitud de prisión preventiva se basa en el “peligro para seguridad de la sociedad considerando la gravedad de los hechos, delitos que se imputan y el bien jurídico; actuar en grupo o pandilla; existe una estructura criminal”. Álvaro Jalaff arriesga desde 20 años de prisión, y Antonio desde 23 años.
Gonzalo Montoya, quien aparece como imputado en la indagación que derivó de la causa de las farmacias populares, será presentado por el penalista Ramón Sepúlveda.
La fiscal Ximena Chong explicó que la forma de operar de los sujetos supone la utilización de los privilegios informáticos que mantenían, ya que eran parte de la administración del mismo banco, ocasionando un perjuicio de 6.100 millones de pesos.
El exmandatario fue declarado culpable en los delitos de colusión y lavado de activos para favorecer con contratos a la empresa Odebrecht por la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur que une a Perú con Brasil.
El chef Christian Portugal es acusado por el Servicio de Impuestos Internos de delitos tributarios que ocasionaron perjuicios fiscales por $80 millones. El abogado de Portugal es el penalista Miguel Schürmann. Las imputaciones corresponderían al período en que el empresario operó el restaurante El Torito, en Bellavista. En 2021 abrió otro local con el mismo nombre, pero a través de otra sociedad y con un socio, en Vitacura.
La Fiscalía de O’Higgins apuntó que la ex autoridad comunal habría defraudado unos $2.300 millones.
La Unidad de Análisis Financiero respondió 139 consultas del Ministerio Público sobre 1.440 personas indagadas. Además, aumentaron un 33% los Reportes de Operaciones Sospechosas que recibió la entidad.
De acuerdo a cifras de la PDI, hasta junio se habían incautado $3.732.894.429, recursos que provienen de un origen ilícito a partir de otros delitos. Según las estadísticas de la policía civil, la mayor parte de ese dinero corresponde a bienes inmuebles y activos congelados.
La ministra del Interior participó del lanzamiento de la brigada que investigará el lavado de activos. Ahí, explicó que esta medida busca cumplir con uno de los ejes de la política nacional contra el crimen organizado, el cual consiste en "desbaratar la economía y el patrimonio".
Además de avanzar en una propuesta de gobierno corporativo para la institución policial, el director general de la institución, Eduardo Cerna, ya instruyó una serie de modificaciones al interior del organismo: dispuso la creación de una unidad de lavado de activos en cada región y ordenó que la Brigada Anticorrupción pase a depender de la Subdirección de Crimen Organizado.
