El fallo de la Cámara de Casación, similar a la Corte de Apelaciones de Chile, confirmó la sentencia impuesta en diciembre de 2022 en el marco del caso Vialidad. Sin embargo, la expresidenta no irá a prisión mientras la Corte Suprema no corrobore la decisión judicial, lo que podría tardar meses y, aún así, calificaría para pena domiciliaria.
Este lunes se inició la revisión de la condena a seis años de prisión que pesa sobre la expresidenta de Argentina Cristina Kirchner. Si bien su paso por la Cámara de Casación no es definitivo, pues aún queda la ratificación o remoción de la Corte Suprema, la Fiscalía busca ampliar la condena hasta los 12 años por el delito de administración fraudulenta.
Figura central en la política argentina de las últimas dos décadas, el aparente paso al costado de la vida pública por parte de la actual vicepresidenta abre numerosas preguntas. Cómo afrontará los procesos judiciales que ahora la encontrarán sin fuero y cuál será su labor política sin cargo electo, pero “militando”, como dijo semanas atrás, son parte de las interrogantes.
Este martes se conocerá el veredicto del juicio oral público de la causa Vialidad, donde la vicepresidenta de Argentina podría ser condenada a una pena máxima de 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, según solicitó la fiscalía.
Según la prensa argentina, estas serían las penas que el fiscal federal Diego Luciani solicitaría hoy en la última audiencia de alegatos del juicio por obras públicas. Es por considerar a la vicepresidenta como la jefa de una asociación ilícita.
El máximo tribunal dejó libre el camino para juzgar a la vicepresidenta en una investigación por presuntas irregularidades en obras públicas de la provincia de Santa Cruz. Además, durante el segundo semestre, tendría novedades en otras dos causas judiciales.
El presunto testaferro de la familia Kirchner fue condenado a 12 años de prisión por haber lavado US$ 55 millones provenientes de la corrupción, en una causa que se conoce como "la ruta del dinero K".
Diligencia se enmarca en la investigación del presunto direccionamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz en favor de empresas de Lázaro Báez.
