Distintas personalidades de alta connotación han enfrentado juicios en el último tiempo, con disímiles reacciones ante momentos de sus procesos. Y si la descompensación del exsubsecretario del Interior fue lo que llamó la atención este martes, no ha sido la única vez que se ha visto en un tribunal.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra María Leonarda Villalobos, acusándola de omitir y falsificar ingresos en sus declaraciones tributarias de los años 2021, 2022 y 2024, lo que habría generado un perjuicio fiscal de $417 millones. En agosto había presentado otra querella por el año tributario 2023, con un perjuicio fiscal de $ 221 millones.
El Servicio de Impuestos Internos interpuso 19 querellas por delitos tributarios por un perjuicio fiscal estimado que supera los $5.774 millones, unos US$5,9 millones. Leonarda Villalobos, protagonista del caso Audio, y un integrante de la banda delictual “Los Trinitarios” están entre los querellados.
Pese a la preocupación por una descompensación de su hijo autista -con quien pasaba prácticamente todo el día-, la exalcaldesa de Maipú pasó sus primeras horas sin contratiempos y cenó y conversó con el resto de las internas con las que compartirá dormitorio y baño. La exedil ingresó la tarde de ayer a las dependencias del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, en un módulo habilitados para internas de "alta connotación"
La abogada reclama que los imputados no peligrosos, a diferencia de las mujeres, pueden estar recluidos en Capitán Yáber, un penal con diversas comodidades.
La exalcaldesa de Maipú fue trasladada a eso de las 18.20 horas por personal de Gendarmería desde el Centro de Justicia hasta el recinto penitenciario, donde no ingresó por la entrada principal por donde pasan los detenidos, sino que por una puerta lateral.
La abogada, quien denunció el hecho ante la Fiscalía -a través de Gendarmería-, recibió un papel con fuertes mensajes, en los que se hace alusión a posibles agresiones de parte de otras reclusas de la Cárcel de San Miguel, quienes, según el mensaje, la "odian".
Si bien la habilitación de un módulo o recinto especial para imputadas y/o condenadas por delitos económicos está en los planes del Ejecutivo, la medida no asoma como prioritaria en estos momentos. Esto, pese a que el Cuarto Juzgado de Garantía, producto de reclamaciones de la imputada en el caso Audio, ya ofició tanto a Justicia como a Gendarmería para la construcción de un sitio de estas características.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, en tanto afirmó que "las condiciones de las mujeres privadas de libertad es una materia de preocupación" y reconoció "brechas" respecto a la población penal masculina.
La fiscal Lorena Parra informó que el juzgado ordenó disponer mayores medidas de seguridad para la imputada tras la situación vivida en el recinto penitenciario y sugirió el traslado de la imputada a la cárcel de San Joaquín.
La abogada se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino San Miguel desde el 27 de agosto.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la modificación de las medidas cautelares de Patricio Mejías y Renato Robles, quienes habían pedido, a través de sus defensas, cambiar su arresto domiciliario total.
La defensa de la imputada en el caso Audio, la abogada Alejandra Borda, ingresó un escrito para solicitar la audiencia de revisión de medidas cautelares de su clienta, luego que durante el fin de semana fuera víctima de amenazas al interior de la Cárcel de San Miguel.
Una hora y 45 minutos es la extensión del audio, publicado en noviembre del año pasado por Ciper, y que marcaría el inicio de una causa que no deja de crecer. A casi 10 meses de aquello, el caso ya suma cinco nuevas aristas, una serie de investigaciones administrativas e implicados, llegando incluso a lo más alto del Poder Judicial.
A pocos meses de cumplirse un año desde que la abogada María Leonarda Villalobos grabara la conversación que desató el escándalo, las repercusiones siguen creciendo, con todos los implicados aún en prisión preventiva por delitos que incluyen soborno y lavado de activos.
