Para argumentar su postura, el ministro de Justicia tomó en consideración factores como la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios y la ubicación geográfica del recinto, hoy destinado a condenados por crímenes de lesa humanidad en la dictadura de Augusto Pinochet.
"Yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos (...). Pero sí creo que fue generalizada”, dijo anoche Consuelo Contreras, directora del INDH, en Tolerancia 0. La postura es similar a la sostenida por el exjefe del organismo Sergio Micco, que terminó costándole el cargo. Abogados litigantes de los casos originados en 2019 analizan las implicancias legales que podrían tener estos comentarios y cuestionan el giro de la trabajadora social.
La indagación está en manos del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien los últimos tres meses se ha abocado a la revisión de los 67 tomos que acumula la carpeta. Aún no hay formalizaciones previstas, y entre las diligencias que se preparan no se descartan nuevos requerimientos a instituciones y citaciones a declarar.
Son más de 5.550 personas que denunciaron violaciones a los derechos humanos entre el 18 de octubre del 2019 y el 30 de marzo del 2020, según la Fiscalía Nacional. Sin embargo, la mayoría de los casos se concentran en dos grandes indagatorias: responsabilidad del mando policial y lesa humanidad. La primera apunta a Carabineros, donde será formalizado el general director, Ricardo Yáñez,y la segunda tiene que ver con que si hubo o no una política para reprimir a la población y así evitar las protestas. Sus estados procesales son distintos y la Fiscalía, cuatro años después, sigue decretando diligencias.
La persecutora -que indaga delitos asociados a la responsabilidad de mando por los lesionados durante los desmanes y protestas de octubre del 2019- busca desde noviembre del año pasado poder interrogar al jefe policial. Sin embargo, el alto oficial ha sido escurridizo: en marzo, la investigadora lo visitó en su oficina sin éxito, pues el uniformado decidió guardar silencio.
El dos veces mandatario fue interrogado durante este martes como imputado. Esto, debido a las querellas presentadas en su contra por el exsenador Alejandro Navarro y otras organizaciones en el marco de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el denominado estallido social. Asimismo, se le requeriría como testigo en otra arista que tramita la jefa de Alta Complejidad Centro Norte y que apunta a la responsabilidad de mando de Carabineros en apremios, lesiones y torturas cometidas por la policía uniformada tras el 18-O.
La fiscal de Alta Complejidad Centro Norte llegará hasta el Edificio Bicentenario del Ejército para interrogar, en calidad de testigo, al comandante en jefe de la institución castrense.
La persecutora de Alta Complejidad interrogará a las exautoridades de gobierno en calidad de imputados, debido a la querella que abrió la investigación que está dirigida contra ellos y los mandos de Carabineros. El objetivo es indagar las consecuencias que tuvo el actuar policial en los manifestantes lesionados durante el estallido social. Samuel Donoso, abogado del exmandatario, señaló que "los hechos demuestran que su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas, procurando en todo momento el resguardo de los derechos humanos, en los difíciles momentos que vivió el país". La ronda de interrogatorios comenzó este viernes 31 con la declaración de Andrés Chadwick.
La fiscal Ximena Chong indaga la presunta responsabilidad del mando policial en delitos de apremios ilegítimos durante el estallido social, donde Ricardo Yáñez podría ser, incluso, formalizado. Desde la defensa del alto oficial advierten que es “una causa sin sustento jurídico”.
El exgeneral director de Carabineros presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, ante las negativas del fiscal regional, Xavier Armendáriz, de inhabilitar a la investigadora de Alta Complejidad por su vínculo con la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), quienes son querellantes en la causa. El tribunal de alzada acogió a trámite la acción judicial y le dio 24 horas al juez Daniel Urrutia para informar sobre la resolución con que también rechazó la realización de una audiencia para discutir el tema.
La persecutora de Alta Complejidad Centro Norte solicitó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, "resguardo, en formato PST, de los correos electrónicos” de Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, además de los exsubsecretarios Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, y el exasesor Mijael Bonito. El Ministerio Público pesquisa el rol de las autoridades de la época durante el estallido social.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, dictó una resolución que agrupa las investigaciones por eventuales delitos de lesa humanidad que hasta ahora estaba radicada en la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La máxima autoridad del Ministerio Público ordenó que todo sea indagado por el fiscal regional de la zona Centro Norte, Xavier Armendáriz, y su equipo. El principal motivo, dice, es que la mayor cantidad de causas de violaciones a los DD.HH. ocurrieron en el centro de Santiago, por lo que también permitirá que los fiscales porteños se ocupen de otras causas más importantes que hay en su zona.
El mandatario brasileño rechazó por completo el informe que senadores de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) entregaron a la Fiscalía, que tendrá que decidir si denuncia al jefe de Estado. El documento pide que se le acuse de nueve crímenes relacionados con la pandemia, entre ellos violación de medidas sanitarias preventivas, curanderismo, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos, falsificación de documentos privados, además de responsabilidad en delitos de lesa humanidad.
En octubre se van a cumplir dos años de la muerte de Álex Núñez, atribuible -según indaga el Ministerio Público- al accionar de Carabineros en medio de las manifestaciones por el estallido social. Hasta ahora la fiscalía no ha podido dar con los responsables. Una de las últimas declaraciones es la de un carabinero que ya denunció ante la policía, en 2020, a dos de sus compañeros de querer encubrir una paliza que dieron a otro detenido en el mismo sector el día que falleció el mecánico de 40 años.
El Ministerio Público ingresó al Juzgado de Garantía de San Bernardo la acusación en contra del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Fabiola Campillai. La mujer perdió la vista y el olfato por el impacto de una lacrimógena que recibió en su rostro cuando estaba en un paradero de San Bernardo, esperando la micro para ir a su trabajo, el 26 de noviembre de 2019. La defensa de Maturana pidió la reapertura de la investigación. Entre las diligencias solicitó que se realice una reconstitución de escena y se hagan pericias de tiro que apoyen la hipótesis de su representado, quien asegura haber percutado la carabina bajo protocolos.
