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De acuerdo con fuentes conocedoras de la discusión de esta mañana, la indagación administrativa abordará en términos generales la situación, por lo que no sólo se centrará en las acciones ejecutadas por Guzmán. De todas maneras, quienes conocen de la materia advierten que esto profundiza el quiebre entre los magistrados y la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Desde el PJUD se informó que la decisión sobre la renuncia se tomará en quorum legal en una sesión extraordinaria de pleno de los ministros de la Corte Suprema, la cual se realizará el próximo miércoles 21 de febrero.
En 10 días, el pleno del máximo tribunal pasó de aprobar la adquisición de vehículos de alta gama a arrepentirse de su decisión. La adquisición de una nueva flota, por casi $ 1.300 millones, se transformó en un escándalo. Los ministros recularon luego de constatar que la Dipres, pese a su compromiso inicial, nunca contestó el oficio en el que solicitaban el decreto para comprar activos no financieros. Esta es la trastienda de una frustrada compra que confrontó a los magistrados con el gobierno y expuso falencias de gestión de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
¿No debieran los jueces del máximo tribunal comprender mejor que nadie que la responsabilidad no se extingue porque alguien le haya “autorizado” determinado mal actuar? ¿Dónde queda su propio discernimiento, su propia capacidad, como órgano máximo de justicia, para distinguir lo bien hecho de lo mal hecho?
Tras un nuevo pleno del máximo tribunal, el secretario Jorge Sáez comunicó la cancelación de la adquisición, aunque reiteró que había un acuerdo con Dipres para que se dispusieran los fondos. La medida fue valorada tanto por funcionarios como por el gobierno, aunque entre los ministros hay molestia por lo que consideran una supuesta "deslealtad" de las autoridades del Ejecutivo.
"El Ejecutivo no define cuántos autos se compra y de qué modelo, porque es un poder autónomo. Lo único que se hace es que se aprueben presupuestos generales ¿Cómo se usan esos recursos?, es una decisión de ellos", planteó la ministra Camila Vallejo.
Tras la polémica generada por el alto costo de los vehículos, se optó por no adquirir los modelos de la firma de lujo de Toyota.
“La decisión de renovar los vehículos se fundan en antecedentes técnicos y de seguridad. Son esas y no otras consideraciones las que se tuvieron en su momento para la aprobación de los vehículos”, dijo el secretario del máximo tribunal. La polémica decisión de gastar $1.253 millones en estos vehículos de alta gama había generado tensión entre el Poder Judicial y La Moneda. Quedó sin efecto.
Recién 26 de enero, siete días antes de que el pleno de la Corte Suprema aprobara la compra de los vehículos, el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial envió a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, el documento con que formalizó la petición realizada meses antes para renovar la flota de vehículos. Ahí, Ricardo Guzmán hizo alusión a un "acuerdo" que había tomado Martínez el 9 de noviembre de 2023 para transferirles el saldo inicial de caja. Eso sí, en ese entonces no se habló de que eran dineros para comprar autos.
“Ellos tienen una habilitación que no necesitan la autorización del gobierno para gastar dentro del ítem general, porque son un poder del Estado independiente”, precisó Jaime Gajardo.
El ministro Ricardo Blanco solicitó al director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, dar a conocer todo el detalle del proceso que culminaría con la renovación de la flota de vehículos en que se trasladan los 21 magistrados y el fiscal judicial. El Ejecutivo, en tanto, endureció el tono por la decisión de los jueces.
Si bien desde el gobierno remarcan que ellos no visaron ningún recambio de vehículos, los magistrados no ceden y subrayan que los fondos sí recibieron luz verde por parte de Hacienda. La polémica está lejos de terminar y nuevamente el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, citó a un pleno extraordinario, ahora con la presencia del director de la Corporación Administrativa, Ricardo Guzmán.
“No es un tema de polémica, esa compra no está visada. Esa glosa no está activada", dijo la ministra del Interior. Por su parte, el ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que "el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto".
