El segundo texto de tres esenciales para el funcionamiento de la ley que crea un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones incluye radares fijos y móviles con capacidades avanzadas de captura y verificación. El gobierno había reingresado hace poco otro de los reglamentos, el que establece los alcances de la División de Fiscalización del Transporte, con lo que la cuenta atrás para ver concretada la normativa empieza a acortarse.
Tras haber transcurrido seis meses desde su retiro de Contraloría para "revisiones menores" en enero pasado, el 23 de agosto el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones reingresó al ente contralor uno de los tres reglamentos que permitirán el correcto funcionamiento del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI). Expertos valoran la medida, aunque apuntan a poner urgencia en la toma de razón para evitar muertes por exceso de velocidad.
A pesar de que fue promulgada la normativa, el Ministerio de Transportes retiró el reglamento de Contraloría hace seis meses, por lo que no se puede avanzar en la puesta en marcha del sistema que busca disminuir las muertes por exceso de velocidad.
Expertos apuntan a mayores fiscalizaciones y claridad respecto a cómo y dónde operará la Ley CATI, que busca reducir en un 30% las fatalidades, pero que a un año de su promulgación no ha tenido novedades.
Asimismo, según el sondeo, el 72% dijo ver a otras personas cruzar la calle por zonas no autorizadas, aunque al momento de consultar si ellas mismas lo habían hecho, el 53% admitió haber incurrido en dicha conducta.
Conoce en qué sectores están las cámaras de la iniciativa del Ministerio de Transportes.
Un intenso debate se desató a raíz de la propuesta de ley que presentó un grupo de senadores para volver a subir la velocidad máxima de los automóviles en zonas urbanas. Estos son los descargos del ministro de Transportes, un senador y especialistas.
Propuesta encabezada por el senador Iván Moreira encontró rechazo entre los especialistas de seguridad vial, quienes lamentaron la moción y esperan que no avance en el parlamento.
Se trata del plan piloto que contempla la participación de varias empresas en diversos sectores de la capital para controlar la velocidad vehicular. Por ahora, las infracciones no se traducirán en multas, sino que se busca ajustar el funcionamiento de las tecnologías antes de su aplicación definitiva.
Se establecen las infracciones automatizadas para quienes conduzcan a exceso de velocidad.
De acuerdo con el análisis -que se apoyó en el registro de una cámara ubicada en una esquina de alto tráfico- se constató que, de 348.749 vehículos observados, más de 90 mil infracciones eran por exceso de velocidad, la principal causa de muerte en el país.
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz aseveró que “producto de esta ley hay 600 personas que debieran dejar de fallecer cada año”.
La esperada ley que busca disminuir los siniestros viales tendría un costo cercano a los 9 mil 600 millones de pesos y se estima que recaudará más de 90 mil millones al sexto año.
La conocida como “Ley Uber” busca generar un espacio más equitativo, aumentando la seguridad de los conductores y la de los usuarios de las aplicaciones.
