La presdiente de los industriales del sector Macarena Cepeda hizo notar la preocupación que existe el proyecto de Ley de la Merluza, que busca prohibir el uso del arte de arrastre industrial para su captura.
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Tras dos semanas de vigencia de la polémica ley, los principales actores de uno de los mayores debates del sector pesquero, repasan la tramitación y los efectos que traerá para el negocio de la jibia el nuevo marco legal.
Subsecretario de Pesca, Román Zelaya, advirtió que esto pone en riesgo la cuota de capt ura que tiene Chile, lo que beneficiaría a Perú, China y Corea del Sur. Ley entra en vigencia este viernes.
Economía & Dinero Cámara de Diputados rechaza prorrogar la entrada en vigencia de la Ley de la Jibia
"Estamos sacrificando empleo y sacrificando exportaciones (...) Yo esperaba que imperara la cordura", dijo el ministro Juan Andrés Fontaine.
La Subsecretaría también destacó que este martes se votará en la sala de la Cámara de Diputados una moción parlamentaria, a la cual el Gobierno puso urgencia, que busca postergar la entrada en vigencia de la ley que establece la potera como único sistema para capturar el recurso.
La empresa comunicó también la paralización de parte de su flota.
Ahora la iniciativa deberá discutirse en sala. Pescadores artesanales valoraron la decisión, mientras que industriales lo calificaron de error.
Además, Rodrigo Sarquis afirmó que en la Ley de la Jibia hubo un escaso involucramiento de las autoridades sectoriales.
El controlador del Grupo Alimar calificó la ley de la jibia como "producto de la ignorancia y demagogia". "Esto no tiene ningún asidero técnico ni nada. Es pura cháchara que se convirtió en ley", sostuvo el empresario.
Decisión generó fuertes críticas desde la industria, quienes califican la medida como "una burla". En Sonapesca advirtieron posibles cierres de mercados, ya que se pondría en riesgo la continuidad de suministro del recurso. Ejecutivo ingresará proyecto de perfeccionamiento en marzo.
El ministro de Economía, José Ramón Valente, aclaró que ello "no significa que estemos renunciado a las atribuciones que la ley le confiere al Presidente de la República".
Agrupaciones de pescadores artesanales acusan de aprovechamiento político al gobierno por imputarles accidente ocurrido en la ruta 5.
El domingo venció el plazo para que el gobierno recurriera al Tribunal Constitucional para frenar la medida, que no ha sido promulgada.
