En una resolución dividida, la mayoría del tribunal estimó que pese a que La Moneda no adjuntó toda la documentación requerida en esta parte del proceso e incurrió en un error de forma, el vicio no era suficiente para dejar caer el intento del gobierno para impugnar 14 glosas. La decisión fue parcial ya que hubo algunas normas, como una que estaba vinculada a la Ley Aula Segura, que quedaron fuera.
La Moneda hizo un cambio en su equipo judicial, que estaba previsto de antes, para revertir la decisión y fichó al exministro del TC Gonzalo García. El asunto será tratado sin alegatos en el pleno citado para este jueves. De fondo resuena el precedente de 2021, cuando el mismo organismo encargado de velar por la Constitución le dio un portazo al requerimiento del expresidente Sebastián Piñera en contra del tercer retiro de las AFP.
La indicación contó con tres votos a favor, 82 en contra y 51 abstenciones. Ahora las discrepancias deberán ser resueltas en comisión mixta.
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades afirmaron que este “estancamiento” significará un “deterioro” en el plan de universalización en atención primaria, calificándolo como “una pésima idea” porque perjudicará un servicio “tan esencial” para los ciudadanos.
Si bien el año pasado el panorama era incluso más complejo, ya que entonces se rechazó todo el gasto variable de la Subsecretaría de Educación, ahora el recorte está concentrado específicamente en los fondos transitorios para 47 Servicios Locales de Educación, cuya reposición ahora depende del Senado.
Algunas indicaciones, calificadas como inadmisibles, presentadas por el diputado Calisto (indep.-Demócratas), contaron con el apoyo de legisladores de la alianza gubernamental, a pesar de que eran resistidas por el Ministerio Hacienda. La postura del Ejecutivo fue defendida sorpresivamente por parlamentarios de derecha.
Trece legisladores oficialistas apoyaron la medida del diputado Coloma (UDI), a pesar de que el ministro de Hacienda hizo reserva de constitucionalidad. No fue el único revés del gobierno en la discusión presupuestaria. La oposición aprobó una indicación que protege a trabajadores de La Moneda ante "abusos laborales" y redujo a mil pesos los gastos reservados de Interior.
Sumado a las advertencias de los legisladores de oposición que obligaron al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a readecuar las cifras de ingreso, el gobierno debe encarar la discusión haciéndose cargo de la gran cantidad de indicaciones -pequeños articulados que sugieren cambios- que presentaron los propios parlamentarios que representan al Ejecutivo.
A pesar de que para la oposición sigue siendo el ministro más poderoso del gabinete, hay un creciente cuestionamiento a su manejo de cifras, que incluso ha sembrado dudas en el oficialismo.
El Presidente Gabriel Boric abordará en mayor profundidad iniciativa mediante una cadena nacional el domingo, y el proyecto será ingresado al Congreso el lunes.
Según el CPI, el presupuesto para inversión de los ministerios ha ido aumentando de forma sostenida, sin embargo, la capacidad de ejecución ha avanzado más lento, sin lograr ocupar todos los recursos.
El Mandatario indicó que la expansión del Presupuesto 2024 será por sobre lo previsto, de 3,5%, y tendrá énfasis en seguridad, salud, educación vivienda, emergencias, cuidados y cultura. Desde el oficialismo respaldaron el anuncio de Boric, al valorar el enfoque en demandas ciudadanas. En cambio, desde la oposición, afirmaron que el gasto no va en línea con el presente económico del país.
El titular de Economía llamó a esperar por la reforma tributaria –que sería “el único camino para ser responsables”– para aumentar la PGU. Además, celebró los nuevos datos respecto a inflación e inversión extranjera, asegurando que la mirada exterior “es muy positiva”.
Una trifulca ocurrida el lunes abrió una inquietud respecto de lo que sucederá en los próximos días, ya que esta semana los diputados votarán, en particular, las partidas de la Ley de Presupuesto, donde los dineros para ciertas políticas de derechos humanos corren el riesgo de ser rechazados. De hecho, desde la derecha también presentarán indicaciones para reducir al máximo posible la partida del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El ministro afirmó que el proyecto de erario nacional 2023 deja de manifiesto “las prioridades de nuestro gobierno, mostrando la sensibilidad a las necesidades de las personas y cuyo eje ordenador será el de darle seguridad a las personas en el plano económico, seguridad ciudadana y social”.
