El fiscal Francisco Jacir formalizó a 34 reos por graves desórdenes ocurridos entre el 6 y 27 de junio. Ese mes, según relató el persecutor, los desórdenes se sucedieron casi a diario. “Los imputados alteraron el régimen penitenciario de alta seguridad bajo el cual están sometidos, afectando gravemente su funcionamiento”, dijo el persecutor.
Con ello se confirma la sentencia entregada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que estableció 23 años de cárcel para el comunero.
Líder de la CAM debe cumplir penas que suman 23 años de cárcel. Su abogado privado, Luis Arteaga, afirmó ante el máximo tribunal que "durante el procedimiento y el pronunciamiento de las sentencias se han infligido importantes garantías fundamentales”.
La Corte Suprema deberá resolver si se determina acoger o rechazar la acción judicial que busca anular la pena de 23 años de cárcel por los delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado.
Daniela Dresdner, delegada presidencial en el Biobío, ha dicho que el Ejecutivo no se ha planteado la posibilidad de aplicar la Ley 12.927 porque esta apunta a proteger los servicios públicos y los servicios que son esenciales para la población, y la carga que no está pudiendo ser operada en el puerto hace casi dos meses es de carácter privada. “El conflicto es entre la empresa y los trabajadores, no está gatillado por una acción del gobierno”, argumentó, por ejemplo, el ministro de Economía, Nicolás Grau.
Además, la abogada Victoria Bórquez no descartó acudir a instanciar internacionales para revertir la sentencia que recibió el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Distintas son las instancias judiciales en las que se encuentran las 27 querellas presentadas por el gobierno en noviembre pasado y tras la paralización de los transportistas. Las indagatorias, que se realizaron a raíz de la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, tienen actualmente a un conductor en prisión preventiva. El resto de las acciones judiciales se han archivado, agrupado, aunque también hay dos de ellas en las que próximamente se formalizará a los dirigentes gremiales.
Tres de los imputados quedaron con firma mensual y prohibición de acercarse al sector de la Ruta 5 Norte donde fueron detenidos, mientras que el cuarto -que tiene antecedentes por infracción a la Ley de Drogas- quedó con firma quincenal y misma prohibición de acercarse al sector.
Durante cuatro días el gremio de transportistas ha bloqueado parcialmente diversas rutas del país, principalmente de la Macrozona Sur y de la Ruta 5 Sur, en diversos puntos entre Talca y Santiago. El gobierno anunció que presentaría querellas por Ley de Seguridad del Estado.
El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, informó que Carabineros comenzó el despeje de las rutas bloqueadas, operativo que deja hasta ahora cuatro personas detenidas.
La decisión fue anunciada por la vicepresidenta Carolina Tohá, quien advirtió que el bloqueo de rutas “no es aceptable".
Fue en abril pasado que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció querellas por Ley de Seguridad del Estado en contra de los camioneros, que en ese entonces, se manifestaban y bloqueaban las rutas del país. La semana pasada, a través de las delegaciones presidenciales, el Gobierno se desistió de las querellas anunciadas por la exministral del Interior, Izkia Siches en los tribunales de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Maule, Los Lagos y Magallanes.
La ministra Vallejo dijo que "cuando uno invoca Ley de Seguridad del Estado tiene que ver con graves hechos que afecten la seguridad y para el resto tenemos nuestro código penal que establece delito por atentado contra la moral".
La iniciativa legislativa que busca derogar el control preventivo de identidad, la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antibarricadas, fue impulsada por diputados del Frente Amplio, PPD, PC y PS. Sin embargo, hasta ahora aún permanece en el primer trámite constitucional y sólo cuenta con un informe de la Corte Suprema que cuestiona la propuesta.
"Más que pronunciarse respecto de lo que dijo o no dijo, lo que le corresponde al Ministerio Público es investigar para recabar evidencia que permita tipificar los delitos", afirmó el subsecretario del Interior.
