La iniciativa que busca beneficiar a condenados por cualquier delito, que se encuentren con una enfermedad en fase terminal, que sean mayores de 75 años y que hayan cumplido a lo menos la mitad de su condena, para que cumplan lo que les queda de pena en arresto domiciliario, fue rechazada por 3 votos en contra y dos a favor.
Nos acompañan los diputados Luis Parto (RN) y Marcelo Díaz (Independiente) para profundizar en la Ley que busca que presos mayores de 75 años cumplan sus penas en casa ¡Comenta y comparte!
En una minuta de diez páginas, Justicia plantea que la normativa “no se trata solo de personas condenadas por delitos de lesa humanidad”, pero reconoce que “es el principal obstáculo para su tramitación”. En ese sentido, enumera una serie de elementos que, a juicio del Ejecutivo, justifican la entrega de beneficios carcelarios, bajo ciertos requisitos, a personas que han cometido ese tipo de delitos.
La información fue confirmada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín en el marco del inicio de la discusión del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado. La modificación implica que se extendió de 15 a 30 días el plazo que dio el Ejecutivo para que la iniciativa sea conocida y despachada por el Cámara Alta.
Al respecto de esta iniciativa, el ministro del Interior indicó que “ese es un compromiso de campaña, ha sido apoyado por personalidades transversales, como José Zalaquet, figura emblemática de los DD.HH. o el padre Fernando Montes”.
Criticaron al gobierno por poner discusión inmediata al proyecto, que busca conmutar las penas a presos mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena y con serios problemas de salud. Acusaron al Ejecutivo de buscar "impunidad" para los reos de Punta Peuco. Según los tratados internacionales de DD.HH. ratificados por Chile, los condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser acreedores de beneficios.
Esto, en virtud del planteamiento inicial del Ejecutivo, que apuntaba fijar la edad en 80 años.
Partidos han solicitado a La Moneda que el proyecto de ley humanitaria, que aún no ha sido presentado, se ajuste a las normas internacionales, pese a que el gobierno ha transmitido un piso mayor para optar a ese beneficio.
Acusación constitucional contra supremos en medio de la conmemoración del golpe y la tramitación del proyecto de libertades condicionales retrasaron la iniciativa.
