Según argumentaron en los escritos, la modificación respeta la legislación vigente y subsana las barreras de acceso que presenta la actual ley.
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Según cifras de salud, en la mayoría de los casos las derivaciones se deben al aumento de complejidad en el manejo clínico de las pacientes, porque no todos los establecimientos cuentan con los profesionales o técnicas adecuadas para realizar el aborto. Con todo, desde el Ejecutivo afirman que la movilización de las solicitantes no constituye una dificultad de acceso, pues el derecho al procedimiento se garantiza de todas formas.
De acuerdo al informe, el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo ha cambiado significativamente. Por ejemplo, si antes prohibirlo era la opción con más apoyo, ahora esta es la preferencia menos escogida. Eso sí, durante los últimos 10 años la Ley de las tres causales es la que más apoyo concita.
Entre los cambios al reglamento de aborto en tres causales presentados por el Minsal el pasado 31 de mayo, se encuentra el favorecer la presencia de personal no objetor en la distribución de los turnos y en la contratación.
Casi 24 horas antes de la cuenta pública en que el Presidente Gabriel Boric anunció el envío de un proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo libremente, el gobierno ingresó un documento en Contraloría que modifica el decreto supremo que aprueba el reglamento para ejercer la objeción de conciencia en la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Para eso, apela a medidas que favorecen a los no objetores.
De acuerdo con los registros del Minsal, desde que se promulgó la normativa se han practicado 983 interrupciones de embarazo por la última causal, y el 30% de ellas se hizo en el último año. Los especialistas advierten que una de las razones que explican este aumento es el mayor acceso a la información.
Hace pocos días el Consejo Constitucional presentó el borrador de nueva Constitución. En el artículo 16 se estipula que “La ley protege la vida de quien está por nacer”. Un artículo que –según expertas– pone en riesgo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En esta entrevista la Directora Regional para América Latina y Caribe de la Federación Internacional de Planificación Familiar, analiza la situación chilena y la compara con la experiencia de otros países de Latinoamérica.
Ambas carteras revisarán el reglamento y la aplicación de la norma, comparando los datos actuales con los que se proyectaban en 2017. Además, la administración actual también planea revisar la objeción de conciencia, con la idea de evitar que esta herramienta sea un obstáculo para las usuarias que quieren acceder al procedimiento.
