La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al Estado de Chile para que tome "medidas inmediatas", con el fin de llevar a cabo un proceso que garantice "la más amplia participación" en la discusión referente al uso de la fuerza y la legítima defensa, en el marco del proyecto de ley Nain-Retamal.
La ministra del Interior además, abordó la salida que protagonizó junto a los titulares de Justicia y de la Secretaria General de la Presidencia en la Comisión de Seguridad del Senado, en medio de la tramitación de la ley Nain-Retamal, asegurando que “ayer no había ánimos de construir acuerdos”.
Por tres votos contra dos fue desestimada la fórmula del Ejecutivo para radicar en Código de Justicia Militar el estatuto de protección a policías en el uso de sus armas de servicio. La mayoría de la Comisión de Seguridad se inclinó por extenderla al Código Penal, incluso, por unanimidad los integrantes de la instancia acordaron ampliar esa legítima defensa a militares que cumplen tareas de orden y seguridad interna. Además, se incluyeron otras causales de defensa justificada ante ataques incendiarios y también frente a la acción de vehículos (atropellos).
El Ejecutivo había presentado una enmienda que buscaba restringir el uso de armamento solo en casos de delitos contra la vida de los funcionarios. Tras su rechazo, los representantes del gobierno se retiraron de la sesión. Gobierno insistirá en la Sala del Senado con las enmiendas al proyecto.
31 mujeres firmaron una misiva donde apelan a "la palabra empeñada por el Senado" y solicitan despachar esta semana el proyecto de ley, instando a resistir "cualquier intento de arribar a acuerdos que constituyen un retroceso en la importante conquista lograda en la Cámara de Diputados”.
"Si existen modificaciones, ya sea por argumentos jurídicos que se puedan entregar, que no signifiquen una coma, un ápice en retroceder en las facultades que nosotros le estamos entregando a nuestros carabineros”, señaló el timonel gremialista Javier Macaya.
El timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán dijo que el martes estarán con las familias de los carabineros Nain, Retamal y Olivares para que el gobierno “entienda claramente que acá que se requiere de una vez por todas no debilitar la autoridad de las policías”.
El gobierno buscará limar asperezas con los socialistas, tras la molestia de la bancada -quienes acudirán hoy a reunión en Palacio- luego de otorgar su respaldo a la legislación y lo que calificaron como un cambio de tono respecto del proyecto. Aunque el escenario en ese sector del oficialismo está más calmo, en el Ejecutivo aún resta un objetivo mayor: que Apruebo Dignidad respalde la agenda de seguridad.
La ministra vocera de gobierno puntualizó en la agenda de seguridad “no es propia de la derecha o los sectores conservadores, es una agenda de derechos”. Además, hizo un llamado a no legislar “en caliente”.
Entre los cuestionamientos, los diputados señalaron que "la seguridad es prioritaria", pero pidieron "más seriedad" por parte del gobierno.
La instancia se dio luego de que la legisladora acusara al presidente de la referida comisión, Felipe Kast, de "no escuchar más audiencias”, ante la negativa del parlamentario de Evópoli por una solicitud que había sido presentada con antelación.
En el marco de la reunión de la comisión de Seguridad Pública del Senado, la secretaria de Estado aseguró que "el proyecto de ley Nain-Retamal es una buena oportunidad para avanzar en que se haga un estatuto de protección para que carabineros ejecute correctamente sus funciones cuando están en labor" y adelantó que Ejecutivo presentará un proyecto que sobre reglas de uso de fuerza.
Desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos hicieron un llamado a las autoridades chilenas a modificar aspectos de la Ley Nain-Retamal. La legítima defensa privilegiada de las policías “no se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos”, afirman.
"El objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad”, señaló el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
