Senadores y parlamentarios oficialistas evidenciaron en sus textos la existencia de un choque entre la “autonomía progresiva de los niños” y el derecho preferente de los padres a educarlos establecido en la Constitución. Asimismo, impugnaron que en el texto de la ley se incluya la obligación de que la educación sexual entregada por parte del Estado deba ser “laica y no sexista”.
