El órgano estimó que la fórmula de la CNE que incluye las fluctuaciones de los denominados pagos laterales en la tarifa eléctrica adjudicada en el último proceso de licitación de suministro “aparece suficientemente fundada”. De todos modos, ordenó al regulador abstenerse de incluir nuevos cargos de este tipo que puedan aparecer, tanto en el reciente contrato de licitación de suministro como en los futuros.
Las condiciones de mercado elevaron el precio ofertado por la energía, marcado por el temor a nuevos mecanismos de estabilización de precios, lo que redujo el número de participantes. A ello se sumó el polémico traspaso de los costos sistémicos a los clientes regulados, que en los últimos tres años se han multiplicado casi por cuatro, y en el que aún resta el pronunciamiento respecto de su legalidad por parte de la Contraloría .
Una encuesta encargada por la Comisión Nacional de Energía a Criteria, reveló además que el polémico traspaso de los costos sistémicos a clientes fue visto, por lejos, como el principal aspecto que afectó "mucho" en el último proceso.
La generadora de capitales italianos se adjudicó los 3.600 GWh licitados en dos bloques, que empezarán su suministro a inicios de 2027 y 2028, respectivamente, y que corresponden a cerca del 4,5% del total de la generación eléctrica en un año. Lo hizo a un precio de US$56,6 por MWh, confirmando el encarecimiento en las ofertas de estos procesos.
La apertura de ofertas económicas, realizada la semana pasada, mostró que, en promedio, el precio ofertado por las cinco empresas participantes se ubicó en US$63,3 por MWh. Estimaciones apuntan a que Enel se adjudicará por 20 años los 3.600 GWh licitados, a un precio menor pero al que se suman recargos asociados a los costos sistémicos, una de las cuestionadas innovaciones del proceso.
La agrupación de consumidores presentó a fines de abril un escrito que acusa de ilegales las bases de licitación confeccionadas para el proceso, por permitir el traspaso de los costos sistémicos a los usuarios de la energía eléctrica. El órgano contralor dio curso al escrito y solicitó información a la Subsecretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
