Las diligencias llevadas a cabo durante las jornadas de este miércoles y jueves respecto al fundador de Procultura, su representante legal y directivos de finanzas, responde a una petición que hizo a tribunales el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Tras analizar los antecedentes, el Séptimo Juzgado de Garantía ordenó entrada y registro e incautación de una serie de dispositivos tecnológicos, bajo la sospecha de fraude al Fisco y lavado de dinero. Entre los convenios que están siendo revisados por la PDI están los $1.683.788.000 que el Gore RM le entregó a la fundación para un programa de prevención del suicidio y los $1.500 millones que el Gore del Biobío entregó para "una oferta turística y creativa puesta en valor de la identidad cultural".
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Durante las jornadas de este miércoles y jueves se desarrollan diversas diligencias en la arista Procultura, a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Las diligencias estuvieron centradas en el siquiatra y cofundador de la ONG y la representante legal. La PDI logró el hallazgo de los servidores que no se habían encontrado en la sede de esa fundación. Las pesquisas se venían planificando hace un mes.
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En el programa de streaming de La Tercera 'Desde la Redacción', el diputado frenteamplista se refirió a una publicación que vincula a la exprimera dama en el pago de bonos a la Fundación ProCultura, entidad investigada por el caso líos de platas. Luego que la excoordinadora sociocultural negara categóricamente haber realizado abonos en la entidad en que aportó servicios, el legislador le entregó su respaldo. "Si en las próximas horas y días no aparece alguien que afirme que Irina hizo abonos, yo no sé cómo puede continuar esa noticia", señaló, agregando: "Yo no conozco el caso (...) lo que yo pongo las manos al fuego es que ella haya incurrido en un acto reñido en la probidad".
El líbelo fue ingresado por no pago de obligaciones por casi $ 60 millones de pesos, en el marco de las actividades desarrolladas por el demandante en el denominado programa Quédate de prevención del suicidio en la Región Metropolitana.
Respecto a estas diligencias, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma –a cargo de esta investigación-, sostuvo que “la denuncia en concreto tiene que ver con delitos de tráfico de influencias y eventuales delitos de fraude en el marco del caso convenios”.
En la audiencia de formalización de la también exfuncionaria de la Seremi de Vivienda de Antofagasta el tribunal ordenó que la prensa no podía tomar imágenes del rostro de la imputada, algo que según la justicia no se respetó, por lo cual ordenó a la Fiscalía abrir una investigación por el delito de desacato.
A Kelly Betancourt se le imputaron los cargos de fraude al fisco y lavado de activos por la suscripción de cuatro convenios firmados por el exseremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras y la citada fundación en 2022.
En una declaración, el imputado deslizó la responsabilidad de los hechos a la extitular nacional de Asentamientos Precarios, Verónica Serrano, tras ser acusado de defraudar reiteradamente al fisco, en el marco de la investigación que lo involucra -esta vez- a la fundación Tomarte.
La policía informó de los hechos al Ministerio Público el pasado 28 de febrero.
La Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación presentados en contra de la resolución que dejó sin efecto la prisión preventiva que cumplía la imputada.
El titular de Vivienda insistió en que La Moneda se enteró del caso el 16 de junio y dijo que de haber conocido los informes que menciona el ex seremi de Antofagasta, "hubieran permitido saber lo antes posible que había delito, que había irregularidad y que había conflicto de interés".
En entrevista con T13, el exseremi del Minvu de Antofagasta reiteró que el gobierno estaba al tanto del caso de líos de plata, antes de que estallara, asegurando que su permanencia en prisión preventiva fue “por razones políticas y comunicacionales”. "Fui parte de un error político muy grave que generó consecuencias gigantescas", declaró.
Imputados por fraude al fisco estuvieron más de dos meses en prisión preventiva.
Javiera Martínez está siendo indagada por el Ministerio Público por la presunta omisión de denuncia del caso.