Luis González Burgos*
8 sep 2021 01:54 PM
El jueves pasado, a las 11.40 horas, tres policías llegaron a Recoleta 2774 y pidieron al director de Obras de la municipalidad entregar los libros de su repartición, desde 2018 hasta 2021. Este último se los entregó voluntariamente. Se trata de una diligencia clave para la fiscalía, que investiga a la empresa de luminarias Itelecom por la adjudicación de millonarias licitaciones de alumbrado público a cambio de presuntos sobornos a funcionarios de al menos 11 municipalidades del país. Entre los imputados está el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).
Los ingenieros que trabajaban en la empresa de luminarias led dijeron que se reunieron varias veces con el expresidente del PPD y un gestor de Itelecom, en el Hotel Solace durante 2019. Según declararon, el exedil les comentó que tenía contactos en el municipio de Lo Prado, entre ellos, su esposa era la secretaria de planificación. Sin embargo, al final la licitación se declaró desierta. Anteriormente, en 2018, Navarrete -según declaró el directivo de Itelecom, Pedro Guerra- intentó favorecer a la empresa hablando con el alcalde de Iquique. El exjefe comunal explicó a La Tercera que se reunió dos veces con un gestor de la empresa, porque le había pedido información sobre el proyecto de recambio de luminarias y descartó irregularidades.
En septiembre pasado, el exadministrador municipal de Chillán, formalizado por la fiscalía por presunto cohecho en el caso en que se investiga una serie de coimas de la empresa Itelecom a diversos municipios, presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. En el texto, objetó el secreto de la investigación a la que estuvo sujeto y dice que es inconstitucional que se aplique esa reserva, ya que no pudo conocer los antecedentes que se le imputan. El tribunal rechazó su requerimiento, pero con ciertos alcances para la persecución fiscal.