Las diligencias llevadas a cabo durante las jornadas de este miércoles y jueves respecto al fundador de Procultura, su representante legal y directivos de finanzas, responde a una petición que hizo a tribunales el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Tras analizar los antecedentes, el Séptimo Juzgado de Garantía ordenó entrada y registro e incautación de una serie de dispositivos tecnológicos, bajo la sospecha de fraude al Fisco y lavado de dinero. Entre los convenios que están siendo revisados por la PDI están los $1.683.788.000 que el Gore RM le entregó a la fundación para un programa de prevención del suicidio y los $1.500 millones que el Gore del Biobío entregó para "una oferta turística y creativa puesta en valor de la identidad cultural".