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Según la investigación, se detectó el desvío de 7 millones de dólares a la sede en Miami, Estados Unidos. La casa de estudios dijo estar "evaluando el ejercicio de todos los derechos que le confiere la ley en las instancias administrativas y judiciales".
Un estudio de la consultora Altura Management, revela un incremento histórico de la judicialización contra las isapres, motivada por alzas en regiones donde se cobran cuantiosas costas. El informe revela además un ranking de abogados expertos en el tema: el estudio Aburto & Herrera lo lidera, con 4.528 recursos de protección durante el primer semestre de 2020. El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, sostuvo que este año se proyecta el pago de costas por U$65 millones, monto equivalente a dar atención de salud por un año a 100 mil personas.
Un documento interno, al que tuvo acceso La Tercera PM, muestra que se informó al dueño del plantel Julio Ortúzar Prado en marzo de 2016 que apenas se estaban cubriendo los gastos operacionales a través de factoring y que el proyecto era inviable. El texto también revela desconocidas negociaciones con las universidades Gabriela Mistral y Autónoma que quedaron en nada.
Desde la ANFP, aseguran que no pueden repartir utilidades porque de obtenerlas deben reinvertirlas en fútbol joven a lo que se agrega un elemento adicional, que tiene que ver con la situación financiera en que quedó la entidad tras el mandato de Sergio Jadue con $14 mil millones en negativo.
Iván Aróstica, en voto de minoría, estimó que la futura ley "termina por instaurar un régimen educacional paralelo al querido por la Carta Fundamental".
El Secretario de Estado indicó que "toda restricción a una persona natural que se quiera aplicar a una persona jurídica, tiene que tener un fundamento racional".
El Mandatario aseguró también que la "gratuidad en la educación superior" llegó para quedarse y explicó que la iniciativa buscará beneficiar al 70% de las familias más vulnerables a partir del próximo año.
A los renovados cuestionamientos externos por su último fallo en el que declaró inconstitucional el artículo que prohibía a los controladores de instituciones de educación superior perseguir fines de lucro, el TC suma un enrarecido clima entre sus pares, que se ha polarizado -aseguran varios de sus miembros- durante la presidencia de Iván Aróstica.
En un parpadeo, todo –los años de movilizaciones, los debates, los argumentos de los expertos, la evidencia internacional recopilada, las promesas de campaña, la discusión parlamentaria- quedó en nada.
"Hemos visto que diversas universidades que han ingresado a gratuidad han reportado déficit constantes y muy significativos, además de plantear la complejidad de mantenerse en las mismas condiciones en el largo plazo", afirmó Jesús Villate, director ejecutivo del consorcio.
La ley aprobada en enero establecía una serie de restricciones para realizar negocios en la Educación Superior, pero con el artículo 63 entregaba un cortafuego para prohibir a las universidades contar con sostenedores con fines de lucro. Según Gabriel Boric, la resolución del TC hace que se retorne a foja cero.
Luego que el TC levanta esta prohibición sobre los controladores privados de establecimientos.
Raúl Figueroa recalcó que cualquier universidad que busque lucrar con la educación recibirá sanción.
En el lugar, los estudiantes pidieron al órgano jurisdiccional que no decida de espalda a la ciudadanía y de pie a que la educación pueda ser considerada como un derecho.
