Según afirmó el ministro de Justicia, es evidente que las comunidades y los alcaldes defienden los intereses locales, sin embargo la obligación que tienen desde la cartera "es proveer de una infraestructura para el país".
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“Si alguien me dice que no en Santiago, entonces yo voy a ser el principal interesado que me digan dónde", dijo el ministro Cordero quien además explicó que se requerirá de una reforma para "darle rango legal al sistema penitenciario en máxima seguridad, porque supone un conjunto de medidas intrusivas, como la posibilidad de grabar la imagen y conversaciones en su interior”.
La alcaldesa de Santiago emplazó al gobierno a no tomar una decisión que afecte la seguridad de los vecinos de la comuna capital del país. “El daño puede ser irreparable”, sentenció
“Si alguien me dice que no en Santiago, entonces yo voy a ser el principal interesado que me digan dónde y la hacemos rápido”, dijo respecto a la resistencia a la construcción del recinto penitenciario anunciado por el Presidente Gabriel Boric.
Si bien en un inicio no se contemplaban grandes avances en la materia, con el pasar de los meses el Ministerio de Justicia activó una serie de proyectos con miras a fortalecer las medidas de seguridad al interior de los recintos. Como advierten investigadores del CEP, en todo caso, urgen reformas estructurales en Gendarmería.
Asimismo, el ministro de Justicia valoró la propuesta del máximo tribunal y que la catalogaran como "prioritaria" y "urgente".
Desde la asociación manifestaron que en el documento emanado del máximo tribunal "tampoco se refleja la cero participación de entes o representantes de carácter político que, sin lugar a duda, podría generar influencias indebidas en el nombramiento de los jueces”.
La tarde de este viernes el presidente del máximo tribunal hizo entrega de los antecedentes al ministro Luis Cordero, quien en las próximas semanas debería presentar un proyecto de reforma. Entre otros aspectos, los magistrados proponen que las designaciones de jueces dependan de un ente autónomo integrado principalmente por jueces. Sugieren, asimismo, que se mantenga la participación de los tres poderes del Estado.
"Lo que creo que no puede pasar es que entremedio de este conflicto lo que se vea afectado es la institución", advirtió el titular de Justicia.
La parlamentaria oficialista, en diálogo con Desde La Redacción de La Tercera, sostuvo que, aunque sea de manera simbólica, se debiese concretar. “Es parte del programa que tenía el Presidente Boric (...) y queda tiempo para cumplir y para buscar cómo remover los obstáculos para hacerlo”, dijo.
"Dada la sobrepoblación que nosotros tenemos, trasladar o cerrar ese establecimiento penal, ese establecimiento o cualquier otro en el país, que es otra cosa que nosotros hemos señalado, es relativamente imposible”, zanjó el ministro de Justicia.
Con respecto a la denuncia realizada en Contraloría por diputados UDI para investigar un posible mal funcionamiento de los aparatos, señaló que "Gendarmería está entregando todos los datos y los auditores han ido a ver el funcionamiento del sistema, porque aquí hay que combinar el uso con cierto ámbito de protección por razones de seguridad, porque así como tenemos la tecnología, los incentivos a eludirla son significativos".
Diputados opositores respaldaron el argumento emitido en un oficio por el ministro de Justicia, Luis Cordero, para evitar la clausura de prisiones, entre ellas el recinto penitenciario de Til Til en el que están recluidos militares en retiro y exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad.
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Las conversaciones en el gobierno en torno a cerrar el penal que alberga a militares condenados por violaciones a los derechos humanos estaban tan avanzadas durante el primer año de gobierno que se evaluó la idea de hacer el anuncio antes del plebiscito del 4 de septiembre. Tras la llegada del ministro Luis Cordero a Justicia, el criterio cambió.
Para argumentar su postura, el ministro de Justicia tomó en consideración factores como la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios y la ubicación geográfica del recinto, hoy destinado a condenados por crímenes de lesa humanidad en la dictadura de Augusto Pinochet.
