El secretario de Estado resalta en el registro iniciativas como la Fiscalía Supraterritorial, el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y el proyecto que se denomina de reincidencia, que introduce modificaciones sustanciales destinadas a que las personas que reinciden en delitos cumplan penas efectivas.
Desde que llegó el ministro Luis Cordero a Justicia solo se han concedido dos excarcelaciones a reos que se encontraban con graves complicaciones de salud, para que pudieran pasar sus últimos días con sus familias. En total, esta administración ha otorgado 17 beneficios. A estos se podría sumar el de Katty Hurtado, cuyo caso es defendido por figuras transversales del Congreso.
La excarcelación de la mujer condenada a 20 años de cárcel por parricidio, tras defenderse de una agresión, ha sido impulsada de forma transversal por figuras como Paulina Núñez (RN), Ximena Rincón (Demócratas) y Claudia Pascual (PC). Su caso está siendo revisado por Gendarmería y figuras del gobierno, como la ministra Orellana, se han mostrado a favor de conceder el beneficio.
El titular de Justicia abordó la indicación impulsada por la derecha en el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), asegurando que dicho régimen de justicia “reconocidamente carece de imparcialidad e independencia”.
El ministro de Justicia se apegó a la versión del Ministerio Público, respecto a que el proceso de extradición del detenido por el crimen del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez sería lento, esto porque -según explicó Cordero- se debe clarificar la verdadera identidad del sujeto.
El titular de Justicia, tras la suspensión del proceso, dijo que, dado que Arica es zona fronteriza, "desde el punto de vista de la infraestructura, además, no necesariamente está preparada para recibir el volumen de personas que requieren un juicio presencial de esas características".
El titular de Justicia, ad portas de que se iniciara este lunes el proceso en contra de 38 integrantes de la organización criminal ligada al Tren de Aragua, apuntó que “es el juicio probablemente más importante que ha abordado temas de crimen organizado en Chile”.
Junto con ello señaló que la llamada de Fiscalía a la defensa del jefe comunal era un "acto de deferencia" y que es "una manera más bien de evitar una situación de una medida más gravosa".
El titular de Justicia y Derechos Humanos, no obstante, indicó que “en cualquier caso, el alcalde está en su legítimo derecho de evaluar esta conducta del Ministerio Público".
El sistema está en ejecución en la ex-Penitenciaría, en Santiago Uno y en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS). Según se detalló, la tecnología es israelí y no solo permite bloquear la señal al interior de los recintos penales, sino que también detecta y puede georreferenciar cuando ingresa al perímetro un teléfono celular o chip.
La idea es que los actores del "sistema de justicia penal" tengan en consideración el número de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país al momento de decretar una condena o medida cautelar. "El Estado de Chile no puede negar el aumento explosivo de la prisión preventiva", acusó el ministro Luis Cordero.
Tras la determinación, un juez de garantía deberá fijar una audiencia a fin de debatir las condiciones en que se encuentra el imputado y ahí “revisar si ellas se ajustan a su clasificación, si persiste la necesidad de segmentación y, en su caso, se adopten las medidas en resguardo al derecho a visitas que le asiste”.
Autoridad, sin embargo, insistió en que el denominado “criterio Tohá” solo aplica a funcionarios de la administración central que hayan sido nombradas por el Presidente. El PC, en tanto, volvió a cerrar filas con Daniel Jadue.
Sobre la etapa inicial de esta medida -concentrada en tres recintos penitenciarios del centro de Santiago- Cordero adelantó que “ya terminó la fase de instalación, estamos en la fase de implementación".
"El secreto profesional no cubre los delitos”, señaló el titular de Justicia.
