Con un número de órdenes de expulsión vigentes y no ejecutadas que a mayo de este año llegaba a las 28 mil, el gobierno espera alcanzar las 1.100 deportaciones durante 2024. Pero diversos factores como el alza en el valor de tickets aéreos, cambios en la legislación y el mayor uso de vuelos comerciales han llevado a que sacar a un extranjero cueste al país cerca de $3,3 millones en promedio.
El director de Migraciones recalcó que no debe haber "ningún tipo de priorización que postergue la posibilidad de una familia chilena".
Según informó el Servicio Nacional de Migraciones, los ciudadanos extranjeros que fueron expulsados habían cometido delitos o infracciones migratorias graves en territorio nacional.
Diversas agrupaciones del país caribeño hicieron llegar este miércoles una carta al director de Migraciones y otra al Presidente Gabriel Boric donde solicitan prolongar la vigencia de sus pasaportes para uso dentro del territorio. Piden, además, "protección y asistencia" a sus compatriotas que se encuentren en el país para asegurar su integridad y derechos hasta que se restablezca el trabajo en su embajada.
En medio del proceso de registro que culminó en febrero pasado, 182.119 personas que ingresaron al país por pasos no habilitados entregaron sus antecedentes. Y de ellos, como relevó una medición realizada por el organismo dirigido por Luis Thayer, casi un tercio tiene estudios superiores completos y prácticamente la totalidad emigró de su país por necesidades económicas.
El director del Servicio Nacional de Migraciones indicó que la Política Nacional de Migración y Extranjería solo permite el otorgamiento de residencia en casos excepcionales, por ejemplo, frente a “solicitudes de reunificación familiar, que son situaciones puntuales, o cuando eventualmente hay sectores de actividad como el agrícola que tienen déficit de trabajadores”.
El parlamentario negó la participación del director de Migraciones en la instancia legislativa argumentando que “esta persona, hasta hace pocos años, estaba por una migración desordenada y absolutamente descontrolada, y eso es lo que él defendía”.
En una entrevista radial, Luis Thayer además actualizó las cifras de ciudadanos venezolanos que han sido expulsados del país durante 2024.
Luego de que el senador socialista cuestionara el trabajo del gobierno en materia de expulsiones, el director del Servicio de Migraciones salió a recordar que en 2023 se produjo la mayor cantidad de expulsiones de ciudadanos venezolanos.
La autoridad abordó la ley que regula la reconducción inmediata de quienes ingresan irregularmente al país, que fue publicada esta jornada en el Diario Oficial. La normativa además, modifica la legislación vigente respecto a la condición de refugiado para los migrantes que la soliciten.
Entre los deportados hay personas con antecedentes por violación, abuso sexual, tráfico de drogas, corrupción de menores e ingreso irregular al territorio nacional. En el año, según el Servicio Nacional de Migraciones, se han realizado hasta 884 expulsiones administrativas y judiciales.
La confirmación por parte del director de Migraciones se produjo luego de una reunión "de coordinación" en La Moneda, en la que además participaron la ministra del Interior, Carolina Tohá; la de Defensa, Maya Fernández; la canciller (s) Gloria de la Fuente y autoridades de la Fach.
Luego del fallido vuelo con migrantes expulsados a Venezuela, la oposición elevó el tono para exigir la renuncia de Luis Thayer, militante de Convergencia Social y muy cercano al jefe de gabinete del Presidente Boric, Carlos Durán. En el gobierno enfrentan una encrucijada: de removerlo, el Mandatario no puede reemplazarlo, ya que ocupó sus 12 nombramientos, por lo que su reemplazo debería ser definido por Alta Dirección Pública.
Con precios que van desde los $ 220 mil a $1 millón por cada acción legal, diversos estudios de abogados y profesionales particulares venden a los migrantes la esperanza de apurar sus trámites a través de la justicia.
La portavoz del Ejecutivo respondió a las críticas que apuntan a que existió una contradicción entre las declaraciones de la titular de Interior, Carolina Tohá, y el director de Migraciones, Luis Thayer. La primera señaló que hubo una negativa de Venezuela para el ingreso de la aeronave con ciudadanos de ese país, mientras que el segundo sostuvo que se debió a la falta de una autorización de carácter técnico.
