En el gobierno de Chile celebraron el regreso al poder del líder del Partido de los Trabajadores. Mientras que José Antonio Kast, por su parte, apoyó al derrotado y aseguró que la "esperanza sigue intacta".
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Tras el triunfo de Lula, el abanico de retos a los que se enfrenta es amplio. Trabajo que pasará por reimpulsar la economía, el volver a insertar a Brasil en el escenario internacional y dialogar con un Congreso que aparece como la clave para desarrollar su nuevo proyecto político.
Después de gobernar Brasil entre 2003 y 2010 y no poder participar en las elecciones de 2018 tras ser declarado culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, el histórico líder del PT, a sus 76 años, vuelve al poder 12 años más tarde.
El candidato del Partido de los Trabajadores obtuvo el 50% de los votos frente al 49% del actual presidente de Brasil. En su primer discurso como su mandatario electo señaló que esta "elección colocó frente a frente dos proyectos opuestos de país que hoy tiene un solo vencedor: el pueblo brasileño. No es una victoria del PT o mía, sino del inmenso movimiento democrático". "Brasil es mi causa", añadió.
Tras votar, el candidato presidencial se refirió a su relación con nuestro país. En ese sentido, recordó la dictadura que se vivió en Brasil en 1964, momento en que "centenas" de brasileños llegaron a Chile.
A través de redes sociales se difundió el registro de la parlamentaria del Partido Liberal brasileño, Carla Zambelli, donde se ve que corre con un arma detrás de un sujeto que habría gritado "Mañana, Lula".
Los esfuerzos por captar al elector evangélico continuaron hasta la recta final de la campaña. En el último debate presidencial, y en un gesto al sector, el presidente acusó al candidato del PT de ser abortista y de estar a favor de la droga y la ideología de género. Si bien las encuestas muestran que estos votantes mayoritariamente se inclinan por Bolsonaro, Lula se comprometió a garantizar la libertad de culto.
Mientras el candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores se ha ido moderando con el paso de los años, el actual presidente de Brasil sigue fiel a un libreto marcado por las polémicas.
Tras el debate de anoche en TV Globo, el mandatario se molestó por una consulta y abandonó la conferencia de prensa.
Reginaldo Camilo dos Santos, de 51 años, quien se había postulado como diputado federal en las elecciones del pasado 2 de octubre, fue baleado presuntamente por un partidario del presidente Jair Bolsonaro, según afirmó un parlamentario del Partido de los Trabajadores que lidera Luiz Inácio Lula da Silva.
El autor de História do PT y académico de la Universidad de Sao Paulo dijo a La Tercera que si Lula es elegido en las elecciones, “tendrá que convencer al Congreso de que, sin una mejoría del nivel de vida de la gente, el bolsonarismo podría volver con fuerza”.
A pesar de que en sus gobiernos cerca de 30 millones de brasileños ingresaron en la clase media, hoy ese sector no está con el candidato presidencial del PT. Gracias a la narrativa de Bolsonaro de que la condición económica de este segmento empeoró en los últimos años por la corrupción bajo Lula, ahora se inclinan por el actual Presidente. No así los pobres, que pese al reajuste del plan social Auxilio Brasil en agosto, siguen fieles al exmandatario, como lo muestran los últimos sondeos.
Junto a su hermano Gabriel, Lucas Mesquita estrenó en septiembre “Ellos podrían estar vivos”, filme que presenta testimonios de familiares de víctimas de Covid que culpan a Bolsonaro de los decesos. “Brasil tuvo la mala suerte de tener al peor presidente de la historia en el momento sanitario más dramático de los últimos 100 años”, dice el documentalista a La Tercera.
Este viernes ambos candidatos a la Presidencia de Brasil tendrán un cara a cara clave en la cadena Globo. Mientras el actual presidente solo accedió a ensayar algunas posturas y gestos, el abanderado del PT se ha preparado para “no caer en las trampas” y desconcertarse cuando su rival lo encare por el tema obvio de la corrupción, especialmente en Petrobras.
La exención en el pago de la tarifa estará disponible para un total de 35,87 millones de electores, medida que se enfoca principalmente en unos 7,1 millones de ellos que no acudieron a las urnas en la primera vuelta.
