En marzo de 2019 había sido condenado por un delito de lesiones leves, luego de haber protagonizado en 2017 un incidente con un garzón de un local de Cavancha.
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Dos exconcejales y un exseremi aceptaron su responsabilidad en un juicio abreviado.
El organismo dirigido por el abogado Raúl Letelier resolvió hacerse parte en la arista de Puente Alto, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en contra de la empresa Itelecom, que bajo la dirección de Marcelo Lefort habría pagado una seria de coimas a distintos municipios para adjudicarse contratos públicos.
Luego de que la alcaldesa de Providencia asegurara que el gobierno “no están dispuestos a hacer lo que hay que hacer" en materia de seguridad pública, el alcalde le enrostró sus declaraciones a través de Twitter, gatillando la respuesta de la jefa comunal.
La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, luego de casi dos años de investigación, busca fijar las primeras penas contra los controladores de la empresa y funcionarios municipales de cuatro comunas. Entre los acusados está además un empleado del Ministerio de Energía que está formalizado por sobornos. El Ministerio Público pretende probar este caso de corrupción en 11 municipios, exponiendo testimonios de 216 testigos y 2.109 pruebas.
La alcaldesa de Providencia entregó su testimonio en calidad de testigo, el 8 de mayo de 2020, en la indagatoria por millonarios pagos de sobornos por parte de la empresa Itelecom en licitaciones de alumbrado público que afecta a 11 municipios. La jefa comunal relató que en 2017 había una promoción muy fuerte que “efectuaba la Seremi de Energía hacia la empresa Itelecom", lo que le pareció sospechoso. Incluso, dijo que le advirtió de la situación a la entonces ministra de Energía, Susana Jiménez, pero que ésta le dijo que las bases de las licitaciones estaban en orden.
El tribunal decretó hoy el arresto domiciliario total de Paul Pacheco, funcionario del Ministerio de Energía que resultó clave para que la empresa Itelecom se pudiera adjudicar una serie de licitaciones de alumbrado público en el país. Junto con él, fueron formalizados también el dueño de la empresa, Marcelo Lefort, y los exdirectivos Ricardo Rodríguez y Pedro Guerra. El exempleado público detalló cómo se dejó reclutar por la firma y las influencias que ejerció para lograr sus sobornos.
El 23 de febrero pasado, Marcelo Lefort declaró por segunda vez en el caso. Esta vez apuntó a los sobornos en el gobierno que le permitieron adjudicarse millonarias licitaciones. Reveló que, en total, a Paul Pacheco, quien trabajaba directamente en la la División de Proyectos de Alumbrado Público y era presidente de la comisión evaluadora de algunas de esas licitaciones, se le pagaron $140 millones desde 2017 y que, incluso, le quedaron debiendo parte de las coimas pactadas cuando era funcionario público.
Fiscalía había solicitado ampliar en ocho meses la indagatoria.
Hoy la alcaldesa publicó una lámina donde se aprecia una comparativa entre el costo total por concepto de adquisición, instalación y mantención a 10 años.
La fiscalía solicitó alzar el secreto de las cuentas bancarias del alcalde de Recoleta. ¿Las sospechas? Aportes ilegales obtenidos a través de boletas de honorarios falsas pagadas al abogado del edil comunista por Itelecom, la empresa que está en el foco de investigación del Ministerio Público por licitaciones de luminarias públicas en distintas municipalidades. Una trama que –en el caso de Jadue- se inició con una interceptación telefónica al gerente de la cuestionada firma.
Presentado en London Design Fair el mismo año de su creación, Lumbro habla de la pasión y el amor de pareja.
El 23 de junio, el Juzgado de Garantía de Iquique resolvió que Itelecom y Elec puedan seguir trabajando para Fisco. Además, liberó todos los bienes retenidos de la primera empresa, que en total mantiene 38 cuentas corrientes con $ 4.264.251.682.
Los informes de fiscalización derivaron en cuatro procedimientos disciplinarios, cuatro sumarios instruidos por las entidades auditadas, una solicitud de reintegro, cobro de multas e inicio de procesos de invalidación.
Inversión superará los 3 mil millones de pesos, dijo el alcalde, Felipe Alessandri.
