La medida fue decretada por el Mandatario el 16 de mayo de 2022, es decir, 51 días después que venciera el estado de excepción que había establecido Sebastián Piñera durante su mandato.
16 may 2024 00:49 PM
La medida fue decretada por el Mandatario el 16 de mayo de 2022, es decir, 51 días después que venciera el estado de excepción que había establecido Sebastián Piñera durante su mandato.
La policía solicitó al Poder Judicial liberarla de medidas de fiscalización, como el arresto domiciliario total o nocturno en “zonas de alta conflictividad” de la Macrozona Sur, para resguardar “debidamente la seguridad” de su personal y de la población.
Magistrado autorizó la diligencia por considerarla indispensable para el esclarecimiento de las circunstancia y dinámica en que se registraron los hechos indagados. Se solicitó un estudio de factibilidad a la PDI, de evaluación de seguridad, considerando que el cuerpo no se encuentra en un cementerio
"A esta persona se le vincula con hechos de violencia que ocurrieron ese mismo día y el imputado sería parte de una orgánica radical de la zona”, señaló el subprefecto de la PDI Rodrigo Mendoza Díaz.
El líder de la agrupación fue sentenciado el lunes por delitos de usurpación violenta de predio, hurto simple y atentado contra la autoridad, que están contemplados en la Ley de Seguridad del Estado.
Luego de su frustrado intento por ingresar a la Temucuicui, la exministra del Interior decidió dar un giro: fichó a la abogada del CDE Luppy Aguirre para hacerse cargo de la Dirección Jurídica y así llevar adelante la redacción de una acción judicial clave para darle fuerza a la investigación sobre el exlíder de la CAM. A esas alturas, la Fiscalía ya indagaba una denuncia previa de la administración del expresidente Piñera; sin embargo, luego de eso contaron con una decisión política que reforzaba su tesis.
El primero de los cinco Bastion 4x4 desarrollados por Arquus-Defense fue presentado por la Subsecretaría del Interior.
El exlíder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, fue condenado a más de 20 años de cárcel como autor de delitos de orden público bajo la Ley de Seguridad del Estado, además de hurtos y atentados contra la autoridad. La Fiscalía Regional de La Araucanía logró demostrar que el acusado incentivó la realización de más de 50 ataques incendiarios.
El líder de la Coordinadora Arauco Malleco fue sentenciado a 23 años de cárcel por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado.
El persecutor regional de La Araucanía sostuvo que "este resultado de ninguna forma es el final del trabajo que está realizando la fiscalía, es un hito importante pero a partir de ahora tenemos varias investigaciones en las que estamos trabajando".
La medida tiene como propósito intensificar el patrullaje nocturno en la zona, con el fin de poder facilitar las investigaciones para identificar y dar con los autores del crimen, como también para lograr un mejor control territorial.
El fiscal jefe de La Araucanía también precisó que han pesquisado llamadas que se realizaron el día del crimen, pero aclaró que "todavía no tengo la precisión a que correspondían estas llamadas, es parte de varios elementos que estamos analizando”.
En los últimos 15 años, tres grupos armados se han disputado, y también coordinado, las acciones de violencia armada y fuego en las comuna de Cañete, Contulmo y Tirúa, en la provincia de Arauco. Desde la figura omnipresente de Héctor Llaitul, a la acción disgregada de grupos detrás del millonario robo y tráfico de madera, el asesinato de los tres carabineros el pasado 27 de abril puso los ojos de sospecha sobre la amalgama de reivindicación ancestral y crimen organizado en la zona.
La irrupción del fiscal Roberto Garrido Bedwell intensificó las diligencias en Cañete, escenario del asesinato de policías más cruento de los últimos años en la macrozona sur. El investigador sospecha que quienes están tras el ataque “son parte del crimen organizado que opera en esa zona” y que eligieron el aniversario N° 97 de Carabineros para dar un golpe de efecto.
La autoridad regional reconoce que el asesinato de los tres carabineros en Cañete le asestó un duro golpe al relato de normalidad que estaba impulsando el gobierno y que ese diseño “sigue siendo el objetivo”. La militante frenteamplista justifica los estados de excepción en la Macrozona Sur, argumentando que no han perseguido ideas, sino los delitos.