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El acceso total a los dispositivos electrónicos de abogados -como el de Luis Hermosilla, Manuel Guerra o el del exasesor de los diputados PS Enrique Aldunate- revivió un duro dilema jurídico: ¿Hasta dónde puede hurgar un fiscal cuando quiere investigar un delito a través de evidencia que goza de una reserva especial? El asunto preocupa al gremio y, con los avances tecnológicos, las clásicas interrogantes que rodean al mundo judicial se han hecho más complejas, al punto de que el Ministerio Público ha ido sumando fuertes cuestionamientos a su labor.

La alcaldesa de Providencia invitó a la ministra a "ocuparse de los temas que realmente le importan a los chilenos".

Carlos Mora trabajará junto a Felipe Polanco en la defensa del fiscal que -según revelaron las conversaciones con Luis Hermosilla- habría realizado gestiones para cerrar el caso Penta. La Fiscalía ha señalado que también investiga presuntas injerencias en más casos y que ya emitió una alerta a la PDI para que avise si Guerra sale del país.

El fiscal regional de Arica solicitó a la Fiscalía Metropolitana Oriente verificar si en el celular del penalista hay mensajes entre él y otros persecutores, con la finalidad de incorporarlos como antecedentes en su causa. Algunos fiscales en privado cuestionan la solicitud debido a que un diálogo no es constitutivo de delito. Asimismo, afirman que la diligencia se asemeja a la del abogado Juan Pablo Hermosilla, quien el 23 de octubre aseguró que en "10 días" revelaría chats de su hermano con otros fiscales.

Esto, según informó el organismo, “sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en el denominado caso Audio”.

En la acción judicial presentada por Manuel Guerra, el expersecutor afirma que los chats divulgados en un medio de prensa estaban a resguardo del Ministerio Público y debían ser reservados. Por lo mismo, pide que se interrogue a los funcionarios que han tenido contacto con el teléfono de Luis Hermosilla y el propio, con el fin de determinar quién entregó las conversaciones al medio de comunicación.

El exfiscal nacional confiesa que se quedó perplejo al conocer la intención de su otrora subalterno, el exfiscal regional Manuel Guerra, y del abogado Luis Hermosilla de removerlo de su cargo. Asegura que estas son las pruebas que lo exculpan de haber sido sindicado por años como el persecutor que “puso tierra” a los casos de financiamiento irregular de la política: “Ese no fui yo”.

Quienes se consideraban amigos y cercanos a quien fue el influyente fiscal de la zona oriente, dicen que hoy ven en Guerra a distintas personas habitando dentro de un mismo hombre. Un hábil, "inteligente y honesto" miembro de la masonería que sabía navegar por las redes del poder; pero al mismo tiempo, un abogado que, según sus propios mensajes, habría negociado -fuera de toda norma- una salida política a causas judiciales como el caso Penta.

La otrora autoridad del Ministerio Público, quien aconsejó perseguir las responsabilidades de mando de Carabineros y eventuales responsabilidades civiles por violaciones a los derechos humanos en el estallido social, hace una profunda reflexión tras ser mencionada como "un problema" por el exfiscal Manuel Guerra en sus chats con Luis Hermosilla. La abogada cree que la Fiscalía debe dar una prueba de blancura a la ciudadanía y despejar cualquier duda que surja de la autonomía e independencia de las investigaciones en curso, más aun -sostiene- cuando el fiscal nacional que le pidió la renuncia, Ángel Valencia, devela una reunión con el penalista (hoy preso en el caso Audio) y también con el exministro del Interior Andrés Chadwick.

"Más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda los dichos contenidos en ellas resultan dolorosos y particularmente injustos”, indicó el otrora persecutor.

La acción judicial contra el exfiscal Regional Oriente Manuel Guerra se presentó por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, tras conocerse conversaciones de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla -imputado por delitos de corrupción-, donde se revela que ambos se habrían coordinado para darle una salida al Caso Penta. Hermosilla, por su parte, es imputado de soborno en la misma acción judicial.

El celular del exfiscal regional Oriente se encuentra en Arica, siendo revisado por los equipos informáticos que forman parte del equipo del fiscal regional Mario Carrera. Los investigadores buscan dilucidar si el cuestionado exfuncionario del Ministerio Público borró conversaciones entre él y Luis Hermosilla. Por su parte, el fiscal de la causa prepara una nueva visita a la capital para tomar nuevas declaraciones.

La ministra de la Mujer calificó como “denigrante” la forma en que se refieren a la jefa comunal de Providencia.

Tras salir de la Fiscalía Oriente, en julio de 2021, el expersecutor -quien en chats con Luis Hermosilla habló de su cercanía con la alcaldesa de Providencia- prestó asesoría a la Municipalidad de Providencia desde agosto a diciembre de ese año.