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El fiscal regional de Arica solicitó a la Fiscalía Metropolitana Oriente verificar si en el celular del penalista hay mensajes entre él y otros persecutores, con la finalidad de incorporarlos como antecedentes en su causa. Algunos fiscales en privado cuestionan la solicitud debido a que un diálogo no es constitutivo de delito. Asimismo, afirman que la diligencia se asemeja a la del abogado Juan Pablo Hermosilla, quien el 23 de octubre aseguró que en "10 días" revelaría chats de su hermano con otros fiscales.

Esto, según informó el organismo, “sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en el denominado caso Audio”.

En la acción judicial presentada por Manuel Guerra, el expersecutor afirma que los chats divulgados en un medio de prensa estaban a resguardo del Ministerio Público y debían ser reservados. Por lo mismo, pide que se interrogue a los funcionarios que han tenido contacto con el teléfono de Luis Hermosilla y el propio, con el fin de determinar quién entregó las conversaciones al medio de comunicación.

El exfiscal nacional confiesa que se quedó perplejo al conocer la intención de su otrora subalterno, el exfiscal regional Manuel Guerra, y del abogado Luis Hermosilla de removerlo de su cargo. Asegura que estas son las pruebas que lo exculpan de haber sido sindicado por años como el persecutor que “puso tierra” a los casos de financiamiento irregular de la política: “Ese no fui yo”.

Quienes se consideraban amigos y cercanos a quien fue el influyente fiscal de la zona oriente, dicen que hoy ven en Guerra a distintas personas habitando dentro de un mismo hombre. Un hábil, "inteligente y honesto" miembro de la masonería que sabía navegar por las redes del poder; pero al mismo tiempo, un abogado que, según sus propios mensajes, habría negociado -fuera de toda norma- una salida política a causas judiciales como el caso Penta.

La otrora autoridad del Ministerio Público, quien aconsejó perseguir las responsabilidades de mando de Carabineros y eventuales responsabilidades civiles por violaciones a los derechos humanos en el estallido social, hace una profunda reflexión tras ser mencionada como "un problema" por el exfiscal Manuel Guerra en sus chats con Luis Hermosilla. La abogada cree que la Fiscalía debe dar una prueba de blancura a la ciudadanía y despejar cualquier duda que surja de la autonomía e independencia de las investigaciones en curso, más aun -sostiene- cuando el fiscal nacional que le pidió la renuncia, Ángel Valencia, devela una reunión con el penalista (hoy preso en el caso Audio) y también con el exministro del Interior Andrés Chadwick.

"Más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda los dichos contenidos en ellas resultan dolorosos y particularmente injustos”, indicó el otrora persecutor.

La acción judicial contra el exfiscal Regional Oriente Manuel Guerra se presentó por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, tras conocerse conversaciones de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla -imputado por delitos de corrupción-, donde se revela que ambos se habrían coordinado para darle una salida al Caso Penta. Hermosilla, por su parte, es imputado de soborno en la misma acción judicial.

El celular del exfiscal regional Oriente se encuentra en Arica, siendo revisado por los equipos informáticos que forman parte del equipo del fiscal regional Mario Carrera. Los investigadores buscan dilucidar si el cuestionado exfuncionario del Ministerio Público borró conversaciones entre él y Luis Hermosilla. Por su parte, el fiscal de la causa prepara una nueva visita a la capital para tomar nuevas declaraciones.

La ministra de la Mujer calificó como “denigrante” la forma en que se refieren a la jefa comunal de Providencia.

Tras salir de la Fiscalía Oriente, en julio de 2021, el expersecutor -quien en chats con Luis Hermosilla habló de su cercanía con la alcaldesa de Providencia- prestó asesoría a la Municipalidad de Providencia desde agosto a diciembre de ese año.

"No tenemos dudas de que estas acciones están orquestadas desde la izquierda para sacar de carrera anticipadamente a la próxima presidenta de Chile y que esto denota la desesperación de nuestros adversarios políticos que se niegan a asumir la mala evaluación que tiene de ellos la ciudadanía”, se lee en el comunicado.

Los antecedentes serán revisados por el Comité Penal del organismo, que está presidido por Daniel Martorell e integrado por los consejeros Ruth Israel y Alberto Espina. Por otra parte, la exconsejera del CDE María Inés Horvitz presentará entre hoy y mañana una acción judicial contra el exfiscal regional Oriente por los delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa. Todo basado en los chats entre el expersecutor penal y el abogado Luis Hermosilla, hoy preso por corrupción.

"Se manifiesta duramente en mi contra porque, como alcaldesa de Vitacura, no dudé en actuar y denunciar hechos de corrupción en el municipio", aseguró la jefa comunal.