Corte de Apelaciones de San Miguel deberá resolver. Fiscalía espera poder continuar con juicio en que pide una pena de cuatro años de presidio y 10 años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, por tráfico de influencias.
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La Corte de Apelaciones de San Miguel pondrá en los próximos días en tabla la vista de la causa en que la Fiscalía Oriente pide que el parlamentario sea desaforado para poder seguir adelante con el juicio en que se piden cuatro años de cárcel por su supuesta autoría en acciones para favorecer un millonario negocio de extracción de áridos de una empresa en que participa uno de sus hijos. En sus descargos, el senador Manuel José Ossandón culpa a su primo, el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, de "animadversión".
Además, el fiscal Manuel Guerra solicitó 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por tráfico de influencias.
Las querellas por presunto fraude al Fisco en contra de Cristián Balmaceda las verá el fiscal Julio Contardo.
Ministerio Público también alista acusar al senador, a quien reformalizó ayer por tráfico de influencias. Evalúa pedir una pena de entre tres y cinco años.
La diputada RN declaró como imputada en el caso por presunto tráfico de influencias en el que se investiga su hermano, el senador del mismo partido, Manuel José Ossandón, exalcalde de Puente Alto. La fiscalía lo formalizó por, presuntamente, haber intervenido en la Municipalidad de Pirque en favor de su hijo Nicolás. La parlamentaria reconoció que contactó al concejal Pablo Ulloa a pedido de su sobrino, sin saber bien para qué era la reunión, y que le dijo que la entrevista debía hacerse a través de la Ley de Lobby.
Con una nueva investigación en su contra, esta vez por fraude al Fisco, la defensa del senador, encabezada por el abogado Samuel Donoso, sale a justificar las transferencias con su secretaria que hoy están bajo la lupa de la justicia. Anuncia una querella por fraude al Fisco en contra del alcalde de Pirque, y primo del parlamentario, Cristián Balmaceda, pues asegura que la denuncia por tráfico de influencia es una cortina de humo y una embestida política.
A la causa ya formalizada por tráfico de influencias se suma una nueva embestida de la fiscalía contra el senador Manuel José Ossandón. El alzamiento de sus cuentas reveló más de 100 transacciones bancarias sospechosas con su secretaria, que comprometen al Instituto Libertad de RN y a funcionarios del municipio de Puente Alto.
El senador fue formalizado este miércoles por presunto tráfico de influencias. Es acusado de intervenir a favor de la empresa de su hijo Nicolás en un millonario negocio de extracción de áridos en el río Maipo.
El senador aparecerá, incluso, en la franja televisiva, para lo que ya grabó escenas. Su despliegue, sin embargo, estará cruzado por la investigación judicial, que se prolongará inicialmente por tres meses.
A poco más de un mes que se hiciera público el encuentro que sostuvo Raúl Guzmán con dos funcionarios de la Fiscalía Sur en un restaurante de San Miguel, en plena cuarentena, el Ministerio Público ya acreditó que la versión que él había dado -”un delivery”- está descartada.
La Tercera accedió al texto de la querella que el organismo presentó contra el parlamentario y contra quienes resulten responsables, y que contiene una serie de detalles de lo que ha sido la indagatoria que ha llevado adelante el Ministerio Público.
Ayer, el senador por Santiago Oriente reapareció públicamente luego de que la Fiscalía decidiera formalizarlo por la investigación de tráfico de influencias. A pesar de que suspendió su militancia en RN, en el partido miran con preocupación su futuro político y cómo le podría complicar esto para una eventual primaria presidencial de Chile Vamos.
Ya en la fase final para su formalización, la Fiscalía Oriente arremetió con una solicitud ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto para poder acceder al detalle de todas las transacciones financieras del senador RN entre los años 2017 y 2019, periodo en que es investigado por tráfico de influencias. Su defensor Ricardo Freire pidió al tribunal rechazar la diligencia diciendo que el parlamentario está dispuesto a entregar sólo aquellos movimientos que involucran a personas y empresas ligadas al caso, pero que no está dispuesto a transparentar todo su comportamiento financiero.
El 26 de agosto el senador RN será formalizado por tráfico de influencias. La Fiscalía Oriente le atribuirá haber realizado gestiones para beneficiar a la empresa Cavilú, que administra uno de sus ocho hijos. Una pieza clave es una auditoría que concluye que entre 2017 y 2019 Manuel José Ossandón trianguló $ 34.701.000 hacia la firma, situación que él desconoce en su interrogatorio, en el que, además, se negó a abrir sus cuentas bancarias. El Ministerio Público pidió a la justicia alzar ese secreto.
