La diligencia se realizó en un oficina preparada, teniendo la duración de cerca de una hora, sin ningún contratiempo, y en la que también participó la defensa del abogado.
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Aunque finalmente optaron por desistir, en septiembre del año pasado, diputados de oposición promovieron una acusación constitucional contra el magistrado, basada en un supuesto tráfico de influencias en el nombramiento de notarios.
Luego que el abogado Juan Pablo Hermosilla revelara una lista con 28 miembros del Poder Judicial que mantuvieron contactos con su hermano, Luis Hermosilla, la Corte Suprema aceptó la solicitud de ambos ministros de desarrollar una investigación sumaria en contra de ellos mismos.
Esas afirmaciones fueron rebatidas por la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, quien negó presiones: “Lo de Carroza no fue algo que fue consensuado en nuestra bancada. Lo primero que se debe hacer cuando se presenta una acusación, es informarle a la bancada, preguntar la opinión de la bancada y recién ahí comienza el proceso”.
El libelo, que será anunciado este miércoles por la diputada RN Camila Flores, acusa al titular de la Corte Suprema por eventual tráfico de influencias en el nombramiento de notarios.
El influyente ministro de la Tercera Sala se mantendrá con permisos administrativos y hará uso de sus feriados legales. Cumplirá, además, comisión de servicio fuera de la capital. La situación ha generado incomodidad al interior del Poder Judicial.
Además, el juez manifestó no tener miedo de ser inhabilitado, en caso que se concretase una acusación en su contra. "Nosotros somos autoridades públicas que tenemos que estar al escrutinio público”, sostuvo.
La indagatoria, en manos de la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich, se abrió hace tres meses por instrucción del fiscal nacional con el objetivo de revisar las gestiones realizadas por parte del magistrado para nombrar a un notario en Tierra Amarilla.
La diputada Camila Flores, impulsora de la iniciativa, afirmó que si se realizarán acusaciones constitucionales contra la ministra Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus, de la misma forma debe realizarse un libelo a Mario Carroza, presuntamente involucrado en nombramientos de notarios.
Desde que estalló en el seno de la Corte Suprema el caso por supuesto tráfico de influencias en nombramientos judiciales -por chats revelados en causas penales-, en los pasillos del Palacio de Tribunales el ambiente se corta con cuchillo. El presidente Ricardo Blanco, en los últimos días, ha tomado a la Comisión de Ética por las astas y, dando un “mazazo”, desafió a cuatro de sus pares del máximo tribunal.
La ministra, al igual que su par Jean Pierre Matus, han enfrentado con argumentos jurídicos a la instancia que es liderada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Pese a que la vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, aseguró que "no hay tensión en el máximo tribunal" y que sólo "habían diferencias", lo cierto es que el ambiente en el segundo piso del Palacio de Tribunales se "corta con un cuchillo", como versa el dicho popular.
"Nosotros hoy día terminamos tranquilos, bien, cada uno a su sala, a hacer su trabajo, respaldando como siempre a nuestro presidente, que es lo que corresponde porque fue elegido por unanimidad, y él mantiene el liderazgo que corresponde", afirmó la magistrada tras el Pleno extraordinario de este jueves.
La determinación fue analizada durante el pleno que estuvo marcado por el retorno de las ministras Ángela Vivanco y María Teresa Letelier, otras dos de las implicadas en el caso de supuesto tráfico de influencias y quienes estuvieron ausentes cuando Ricardo Blanco anunció la apertura de la instancia creada en 2007.
Cita, en la cual participó el ministro de Justicia, Luis Cordero, se efectuó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
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La Oficina de Coordinación de Causas de DD.HH. elaboró un catastro de los 130 lugares donde existe sospecha de que aún podría haber osamentas de víctimas.
