Diego Pereira-Fonfach, representante de los dueños del terreno, tacha las gestiones del Gobierno como "deficientes", todo esto en la previa de la reunión que busca un acuerdo para evitar el desalojo de las 10 mil personas que habitan el terreno de 256 hectáreas.
Con el desalojo programado para el 27 de febrero, el Ministerio de Vivienda trabaja en la constitución de cooperativas habitacionales como alternativa para que las familias hagan una oferta de compra. El aporte inicial que hasta ahora podrían ofrecer los pobladores, sin embargo, dista de los 52 millones de dólares que inicialmente plantearon los dueños del terreno.
La megatoma de San Antonio, que alberga a más de 11.000 personas, enfrenta una inminente orden de desalojo, mientras sus habitantes denuncian abandono estatal y buscan regularizar su situación. Datos oficiales y testimonios revelan la compleja realidad de esta comunidad autogestionada.
La orden fue decretada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual resolvió que este jueves 27 de febrero debe comenzar el desalojo “paulatino y responsable” de la toma.
El alcalde Omar Vera sostiene que "hay un punto que aún separa a las partes de un acuerdo y es el valor del metro cuadrado del terreno”.
El gobierno hoy no está en condiciones de ofrecer una alternativa de vivienda a las personas que deben abandonar los terrenos tomados y busca con desesperación ganar tiempo para evitar la escena de carabineros desalojando familias. Por lo demás, tampoco cuenta con el personal de Carabineros suficiente para concretar la orden de la justicia.
La Inmobiliaria y Constructora San Antonio es dueña del terreno desde 1997. El plan original era que el terreno fuera expropiado por el MOP para la construcción de un acceso a la comuna. Sin embargo, desde 2019 una gran cantidad de personas llegó a vivir al predio. La dirigenta de la Coordinadora V Costa de San Antonio, aseguró que ella, junto a otros habitantes de la toma llegaron al lugar "con el permiso del representante legal del dueño".
Omar Vera espera que el Ministerio de Vivienda y los propietarios del terreno lleguen a una solución para evitar el mandato de la Corte de Apelaciones, que está programado para el 27 de febrero. "Esperamos que haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento", señaló.
El gobierno hoy no está en condiciones de ofrecer una alternativa de vivienda a las personas que deben abandonar los terrenos tomados y busca con desesperación ganar tiempo para evitar la escena de carabineros desalojando familias. Por lo demás, tampoco cuenta con el personal de Carabineros suficiente para concretar la orden de la justicia.
"Nosotros esperamos que el lunes entre los propietarios y los organismos de gobierno, también el alcalde, haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento, avanzar en este camino", puntualizó el ministro de Vivienda.
La Corte de Apelaciones estableció que el próximo 27 de febrero comenzará el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio. En ese proceso, el subsecretario señaló que se deben establecer “lugares de transición", y luego se deben aplicar "mecanismos de vivienda", para que los afectados puedan acceder a una propiedad.
La Municipalidad de San Antonio, junto a la Delegación Presidencial y Carabineros deberán coordinar las acciones para llevar a cabo el desalojo de las cerca de 10 mil personas viven en el sector.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, descarta que se haya incumplido la orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que obliga a desalojar la toma del cerro Centinela, aclarando que “esto tiene un plazo para ponerse en marcha un conjunto de mecanismos, no es que el desalojo deba ejecutarse inmediatamente”.
