La orden de inmigración prohíbe el uso de dinero federal para migrantes en situación irregular y ordena a todas las agencias que identifiquen cualquier programa financiado con fondos federales que lo haga.
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El mensaje, publicado en las redes sociales de la Casa Blanca, resembla una tarjeta de color rosado que contiene un poema junto a los rostros del presidente y del zar de la frontera, Tom Homan.
El avión militar estadounidense transportaba a 119 deportados de diversas nacionalidades.
Luis Alberto Castillo, un venezolano de 30 años, fue detenido por Estados Unidos y enviado a Guantánamo, Cuba, a la cárcel para los criminales más peligrosos. Lo acusan de ser miembro del Tren de Aragua, según su hermana, por un tatuaje que lleva en el cuello.
Motivados por la cruzada antiinmigrante que comenzó el presidente Donald Trump, dos legisladores propusieron comenzar una especie de cacería de brujas contra los migrantes con situación irregular en Estados Unidos.
Después de que el gobierno de Donald Trump enviara un delegado para negociar con Nicolás Maduro, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que no se trató de un acto de reconocimiento, y que en realidad están preparados para tomar medidas severas contra Venezuela.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró que el mandatario salvadoreño también se abrió a aceptar criminales estadounidenses encarcelados.
La mandataria mexicana rechazó la vinculación del país con los cárteles que trafican fentanilo y otras drogas hacia el norte, y encargó un "plan B" ante los nuevos cargos de exportación.
Tom Homan, el encargado de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, dijo que si bien el mandatario anunció que deportarían a 30.000 indocumentados, el plan comenzaría con un número reducido de personas.
Según datos del Sermig, la nacionalidad de aquellos que realizaron estas solicitudes corresponde a venezolanos (un 30% del total), seguido de peruanos (20%) y colombianos (12%).
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó la idea del magnate republicano y aseguró que, de ponerse en marcha, culminará con los indocumentados en “las conocidas cárceles de tortura y detención ilegal” dentro del complejo militar que EE.UU. posee en la isla.
El Ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano convocó a un alto diplomático estadounidense para hablar sobre la deportación de brasileños indocumentados, tras condenar que se les esposara, fueran agredidos y se les privara de alimentos en un vuelo de repatriación desde EE.UU.
Desde la entidad señalaron que “los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en Chile, sin importar su condición migratoria, deben recibir protección integral, sin discriminaciones de ningún tipo, tal como lo contempla la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral".
