Fue parte del colectivo del partido que apoyó a Daniel Jadue como candidato presidencial y el grupo lo expulsó. Figuró entre los chilenos validados por el gobierno de Maduro como veedores de la elección presidencial venezolana de julio y defendió al exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera.
El defensor penal público que representa al exalcalde, Miguel Ángel Aguilera, solicitó acceder a antecedentes del Ministerio Público para poder realizar peritajes contables a una serie de registros bancarios. Requerimiento que provocó que la audiencia de preparación del juicio oral programada para este mes se postergara para agosto.
Lo captaron en un local de comidas a principio de año y querellante solicitó revisión.
El hecho se produjo mientras la mujer acompañaba al exjefe comunal a votar en el Liceo Araucanía.
Durante esta jornada se realizó una audiencia de revisión de las medidas cautelares bajo las cuales está el exjefe comunal de San Ramón.
La Fiscalía Metropolitana Sur presentó ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago acusación en contra de la exautoridad. En el requerimiento los persecutores acusan de tres delitos a la exautoridad: enriquecimiento, cohecho pasivo y lavado de activos, por los cuales piden 10 años de cárcel, además de la imposición de 17 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero no es lo único, además apuestan por el pago de tres multas, las que suman $ 329.281.000.
El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado alude a “reportes ocasionales de fuerza excesiva, abuso y trato degradante por parte de los agentes del orden”. Asimismo, aborda los casos que involucran a los exalcaldes Miguel Ángel Aguilera y Karen Rojo, así como al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba.
Abogado defensor Mauro Figueroa, que no es titular en la causa, señaló que su colega a cargo del caso debió ausentarse "por una contingencia" y que él no tenía conocimiento de la carpeta. Jueza, al ver que no se acordaron los delitos que se imputarán, no fijó una nueva audiencia de juicio abreviado.
Miguel Ángel Aguilera permanecerá en su hogar a la espera de la audiencia que se fijó para el próximo lunes, en que se discutirá la posibilidad de que se realice un juicio abreviado solo por el delito de cohecho.
La exautoridad comunal, quien es acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho reiterado, se encuentra en prisión preventiva, en Santiago Uno, hace casi un año.
La jueza Marcela Dattas fijo el lunes 18 de julio a las 9.00 para realizar la nueva audiencia, donde se discutiría, además, la posibilidad de llegar a un procedimiento abreviado. La fiscalía pide que acepte su responsabilidad en los dos casos de sobornos imputados. Con ello, el exjefe comunal de San Ramón podría dejar la cárcel y quedar con otra medida cautelar.
Eduardo Bermúdez trabajó en el puesto de confianza de Miguel Ángel Aguilera entre 2018 y 2020, y antes se había desempeñado en la Segegob en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en la época en que estaba como ministro el extimonel del partido y hoy presidente del Senado, Álvaro Elizalde.
A pesar de llevar casi nueve meses en prisión preventiva en una causa asociada a delitos de corrupción, el ex alcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera cuenta con una máquina de apoyo que intenta salvarlo de una condena en el Tribunal Electoral, que organiza funas diarias a las actividades en terreno del nuevo alcalde de la comuna, Gustavo Toro, y que ha pasado por posiciones estratégicas en otros municipios del sector.
El exjefe comunal se encuentra en ese recinto en prisión preventiva desde el 26 de julio de este año. Desde la institución señalaron que “el interno Miguel Ángel Aguilera (...) no ha sido agredido ni ha sufrido lesiones en la unidad penal. Tras constatar lesiones y tomarle declaración al imputado quedó registrado que no ha existido ningún incidente que estuviera involucrado el ex alcalde de San Ramón”.
El fiscal jefe de Delitos Generales de la Fiscalía Sur, Víctor Núñez, acusó que el exjefe comunal Miguel Ángel Aguilera presentó documentos falsos para avalar el incremento en sus ingresos. Se trataba de un contrato de compraventa que -según el investigador- es falso. Esto último en base a que los propios notarios no habrían reconocido los documentos como fidedignos. Mientras, la defensa del exalcalde de San Ramón sostuvo que "no es prudente que el Ministerio Público afirme que los documentos son falsos, cuando estamos en medio de una investigación y aún faltan diligencias importantes para acreditar si estos documentos privados son o no verdaderos".
