Desde noviembre de 2021, el penalista tiene un mandato judicial entregado por el Mandatario para que lo represente en causas judiciales. Desde entonces se fue abriendo camino en el mundo frenteamplista, al punto de que varios reconocen que su estudio de abogados se transformó en el que más ronca en La Moneda. Su rol quedó al descubierto luego de que fuera él quien encontrara la denuncia en contra del Jefe de Estado por una supuesta divulgación de imágenes íntimas.
El oficio enviado al entre contralor pide determinar si el trabajo de los abogados Jonatan Valenzuela y Miguel Schürmann son costeados con recursos personales del Mandatario o si provienen de fondos públicos.
El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, abrió una investigación penal por un presunto "acceso indebido" o "ilegal" a la denuncia que pesa sobre el Presidente Gabriel Boric. Esto, ya que los abogados -para poder visualizar una causa en que un cliente tiene calidad de imputado- se deben acreditar sí o sí ante el Ministerio Público. Y para ello deben tener un RUC, que no fue el caso según la cronología de lo que ocurrió en Punta Arenas.
La Fiscalía Regional de Magallanes está investigando una causa que se inició en el mes de septiembre de este año por el delito de difusión indebida de imágenes íntimas. El Mandatario se encuentra en calidad de imputado y dicha causa está desformalizada.
Especialistas en derecho penal, formados por la Universidad de Chile, entre 37 y 49 años, progresistas y de izquierda. Así son los defensores escogidos por los frenteamplistas que están como imputados enfrentando la investigación de la Fiscalía en el lío de platas desatado por el escándalo de Democracia Viva. Así como una nueva generación política logró llegar a La Moneda, otra generación de penalistas pasó a la delantera.
Pese a que el exsecretario de Estado busca por medio de acciones judiciales que se obtenga una sentencia condenatoria en contra de la UDI, el empresario Jorge Errázuriz y el senador Fidel Espinoza, el defensor Miguel Schürmann abrió la posibilidad a las disculpas públicas con el fin de “resarcir el honor, la honra y el reconocimiento público” de su representado.
El exministro de Desarrollo Social fue acusado -por parlamentarios de oposición- de estar involucrado en dicho caso y también en el robo de 23 computadores en la cartera que lideraba. “En mi rol de ciudadano, voy a emprender todas las acciones que sean necesarias para develar aquellas mentiras, injurias o calumnias y que se revelen como tales”, advirtió cuando dejó su cargo.
El exsecretario de Estado, tras su dimisión a la cartera de Desarrollo Social en agosto pasado, anunció que estaba evaluando una estrategia legal contra diversos parlamentarios que lo acusaron de estar involucrado en el caso de platas políticas entre el Estado y fundaciones, y también en el robo de 23 computadores en su ministerio en plena investigación.
